Hay que recordar que Bruselas decidió imponer esa sanción en 2004 a la recién creada Navantia, que surgía de las cenizas de Izar. Aquella reconversión, que llegó después de meses de protestas y movilizaciones, cambiaba para siempre el escenario de los astilleros que quedaban bajo el manto del Gobierno. Pero esa sanción se producía después de que Europa constatara que durante el Gobierno de José María Aznar se habían destinado ayudas consideradas ilegales a la propia Izar y que, entonces, se cuantificaron en unos 1.200 millones de euros. Para evitar la desaparición del sector público español de construcción naval, Bruselas permitió el nacimiento de Navantia, previo adelgazamiento en el número de diques, y con la condición de que durante una década, la compañía tendría que limitar a un 20 % su facturación por negocios en el segmento civil.
De hecho, desde el año 2004, al menos en la Bahía de Cádiz, lo único de carácter civil que salió de sus diques fueron los dos buques portacontenedores para Trasmediterránea, a mediados de 2010, que coincidieron en el tiempo con toda la producción militar para Venezuela. Ahora, se elimina esa prohibición cuando expiran los compromisos adquiridos por España ante la UE en el 2004, tras la liquidación de su predecesor, los astilleros de Izar.
El caso es que, tras las palabras de Almunia, ayer llegaron las reacciones. Y las primeras fueron la de la patronal. La Confederación de Empresarios de Cádiz (CEC), a través de su presidente, Javier Sánchez Rojas, plasmó en un comunicado su satisfacción ante el anuncio del fin del veto, porque “abre grandes expectativas para los astilleros públicos de la Bahía de Cádiz”.
“A corto plazo”, dijo, “está el tema de los anunciados gaseros, o las plataformas eólicas que podrían construirse aquí pero, a medio y largo plazo, el anuncio de Bruselas significa que Navantia podrá acudir a cualquier mercado, nacional o internacional, a la búsqueda de pedidos de buques civiles, y no exclusivamente militares”, añadió.
Los empresarios de Cádiz explicaron que “desde hace años” reclamaban el final de este veto impuesto por Bruselas durante la última reconversión de los astilleros públicos. La noticia, según los empresarios, “no sólo impacta positivamente en los grandes astilleros públicos, sino también, y muy favorablemente, en el sector de las pequeñas y medianas empresas auxiliares”.
Tanto la Femca, patronal de las empresas del sector, como la CEC, instan ahora a la dirección de Navantia y al Gobierno a que “libres de la limitación”, concreten la contratación anunciada de un buque gasero “que deben poner punto y final a la falta de carga de trabajo en los astilleros gaditanos de Puerto Real”. La patronal solicitó ayer también que “la mayor parte de la futura y potencial carga de trabajo venga a la Bahía de Cádiz, donde se necesita para paliar las altas tasas de paro”.
También el PP continuó ayer con su valoración al respecto. Si ya el mismo martes lo había hecho el presidente provincial de los populares, Antonio Sanz, cuando además criticó que Almunia “no haya sido capaz de adelantar algo que ya estaba previsto”, ayer fue el alcalde de San Fernando y presidente de la Diputación, José Loaiza, el que tomó el testigo.
Afirmó que para los astilleros de Navantia es “importante que se levante el veto a la construcción civil, de manera que la compañía cuenta con un mercado para explotar antes restringido”. Calificó como “positiva” la medida y añadió que “el fin del veto es algo que ni el comisario Almunia, ni el Gobierno del PSOE consiguieron en Europa, mientras que ahora se ha conseguido”, comentó. Eso sí, recordó que durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero no se aprovechó la cuota de trabajo civil que podía haber beneficiado a la empresa. “La obra civil no se llegó a cubrir en esos años ni siquiera en el porcentaje permitido”, insistió. Ahora esta buena noticia del fin de esta barrera se suma, defendió, a “la carga de trabajo que los astilleros ya tienen”.
