Los presidentes de las tres comunidades, Industria y Pymar se reunirán ya mañana con el comisario de Competencia para que dé marcha atrás y no exija devolver las ayudas
FARO DE VIGO, 02 Jul. (Madrid).- Administraciones y sector acordaron ayer solicitar reuniones urgentes con el comisario de la Competencia y vicepresidente de la CE, Joaquín Almunia, quien defiende la necesidad de reembolsar las ayudas (más de 2.800 millones de euros), y con el presidente de la CE, José Manuel Durão Barroso, para que cambien la resolución del tax lease antes de que el próximo 17 de julio se someta a votación definitiva en el colegio de comisarios. Almunia citó a la delegación española para mañana miércoles.
El ministro de Industria insistió en que España tiene sólidos argumentos jurídicos para no devolver las bonificaciones fiscales obtenidas con el anterior sistema, y citó expresamente una carta de la anterior comisaria de la Competencia, Neelie Kroes (Holanda), que en una respuesta a una ministra de industria noruega en marzo de 2009 dejaba constancia de que el tax lease era legal, como avanzó FARO el pasado abril. Soria alertó de que el reembolso de las ayudas tendría un efecto “irreversible e irreparable” en términos de empleo y extendería la inseguridad jurídica del naval a otros sectores.
La declaración conjunta suscrita ayer recoge que la Comisión no puede permitirse “hundir todo un sector industrial de un Estado miembro, cuyas consecuencias multiplicarían la recesión económica y el grave problema del desempleo”. En esta línea, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que hoy se reunirá en Vigo con responsables de Aclunaga y Asime, manifestó que el problema del tax lease es económico y no político. “Que quede muy claro que el dinero que se está pidiendo no es de Europa ni de fondos europeos, son bonificaciones fiscales que en todo caso afectan a la Hacienda española”, afirmó Feijóo. Éste apuntó que “bastante castigo” ha sido ya la inseguridad jurídica que sufre el sector desde junio de 2011.
El lehendakari vasco, Íñigo Urkullo, afirmó que el planteamiento de Almunia es “inaceptable” y que la Comisión no puede por una parte destinar fondos en defensa del empleo juvenil y por otra hundir a un sector como el naval, del que dependen más de 87.000 puestos de empleo “por muchos recovecos y circunloquios que se quieran dar”. También el presidente del Principal de Asturias, Javier Fernández, advirtió de que la devolución de las ayudas llevará al colapso de la mayoría de los astilleros privados españoles.
El presidente de Pymar y de Astilleros Gondán, Álvaro Platero, calificó la situación del sector de angustiosa y urgió a Almunia igualdad de trato ante un conflicto que no deja de ser una “guerra comercial” con Holanda, país que denunció el tax lease y se ha beneficiado del parón español. “Los astilleros españoles actuaron bajo la más estricta legalidad”, sostuvo.
Por su parte, CC OO y UGT solicitan participar en las reuniones de la delegación española en Bruselas. Los responsables de Industria y Metal, Construcción y Afines de las dos centrales se entrevistaron también ayer en Madrid con Soria. “Lo que estamos pidiendo es que haya una sola vez en este tema”, afirmó el secretario general de MCA-UGT, Manuel Fernández. “Debemos establecer un bloque común de defensa del sector naval”, coincidió Agustín Martín, responsable de Industria de CC OO.
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Almunia reitera que los inversores del naval son los que han de pagar las ayudas, “ni un solo astillero tendrá que devolver un euro”
No puede actuar de otra forma, y además el coste no recaerá sobre el sector naval, sino sobre los inversores que compraron los barcos. Esta es la síntesis que hace el comisario europeo Joaquín Almunia del conflicto que enfrenta a los astilleros y a todo el arco parlamentario español, por una parte, y a la Comisión Europea por otra. Las escaramuzas empezaron la semana pasada, cuando Almunia anunció que los 2.800 millones de euros que se habían desgravado armadores e inversores eran ayudas ilegales y que por lo tanto tendrían que ser devueltos. El sector respondió que esa decisión le llevaría a la ruina, mientras miembros del Gobierno español pidieron a Almunia que se lo pensara de nuevo e, incluso, responsables de su propio partido, como los socialistas gallegos, reclamaron la dimisión del hombre que sustituyó a Felipe González al frente del PSOE.
El vicepresidente de la Comisión y responsable de Competencia argumenta, sin embargo, que no tiene margen de maniobra, ya que de no reclamar la devolución de las ayudas concedidas a través del enrevesado instrumento conocido como tax lease estaría violando la legislación de la UE. “Esta decisión no es un capricho o una obsesión mía. Las ayudas eran incompatibles con el marco legal. Y si no respetara este marco, mal servicio le estaría haciendo a la UE, que es una comunidad de derecho”, ha asegurado Almunia tras anunciar la apertura de una investigación a 13 bancos por vulneración de las reglas antimonopolio.
Además de asegurar que no tiene otra posibilidad, el comisario considera que la devolución del dinero al Estado español no tiene por qué suponer la ruina que denuncia el sector. Son los inversores —grupos de interés económico y armadores que compraron los buques— los que deben pagar 2.800 millones, de los que 1.700 corresponderían a empresas de Galicia y el resto, del País Vasco y Asturias. “Ni un solo astillero tendrá que devolver ni un euro”, ha zanjado. Sin embargo, desde los fabricantes se advierte de que esta decisión les dejará sin financiación y, por tanto, sin futuro.
Tampoco da mucha importancia Almunia a los argumentos de que en los contratos de compra se establecía que serían los astilleros los que deberían devolver el dinero. Esos contratos “no existen jurídicamente”, puesto que vulneran las normas de la UE. El comisario ha asegurado que solo reclama el dinero que se concedió a partir de 2005, porque fue entonces cuando Bruselas anunció que ese sistema de ayudas era ilegal. “Desde la aprobación del sistema español en 2002 hasta mitad de 2005 no pedimos la devolución porque tampoco se le pidió a Francia por ese periodo. Damos a España exactamente el mismo trato que dimos a Francia”, ha asegurado.
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Las claves del «tax lease» con el que quiere acabar Almunia
En 2009, la anterior comisaria de la Competencia estimó que la legislación española no era discriminatoria y reclama ahora unas devoluciones por importe de 3.000 millones de euros. Las protestas en los navales se han sucedido desde que la Comisión reabriese la investigación
La intención del comisario de la Competencia, Joaquín Almunia, de acabar con las ayudas al naval ha dividido a la propia Comisión Europea y ha unido a Gobierno y Comunidades Autónomas en la defensa de unas ayudas que de ser retiradas podrían afectar a 87.000 familias.
¿Qué es el «tax lease»?
Se trata de un modelo de financiación que permitía a armadores e inversores del naval beneficiarse de bonificaciones fiscales que pueden llegar hasta el 30% en la construcción de un buque. El sistema estuvo vigente en nuestro país entre 2002 y 2011, año en que la Comisión Europea lo declaró ilegal. El Gobierno reformó el modelo y redujo las ayudas fiscales. Esta nueva versión fue validada por Bruselas en noviembre de 2012.
¿Qué pretende Almunia?
Los astilleros de otros países de la UE como Holanda, Noruega, Finlandia o Portugal denunciaron ante la Comisión el modelo de bonificación español. Se trata a su juicio de un sistema que atenta contra la libre competencia. Fue la actual vicepresidenta de la CE, Neelie Kroes, y anterior comisaria de Competencia, quien negó en 2009 que el sistema fuera discriminatorio. Pero su sucesor en el cargo, Joaquín Almunia, reabrió la investigación en 2011. Lejos de defender los intereses españoles en Europa, el comisario pretende que se devuelvan ahora el 95% de las ayudas percibidas entre 2005 y 2011, que equivalen a 3.000 millones de euros.
¿Cómo afecta a los astilleros?
El comisario Almunia ha señalado de manera reiterada que la devolución de estas bonificaciones fiscales deberán ser afrontadas por armadores e inversores. Sin embargo, los astilleros alegan que la mayor parte de los contratos firmados les obligan a reembolsar las pérdidas a sus financiadoras en caso de incidente. Aunque Almunia ha apuntado que el derecho europeo se impone a los acuerdos entre partes, el sector alega que los procesos judiciales pueden demorarse años y que esta incertidumbre se traduce en pérdidas de contratos
¿A cuántos empleos afectará?
El Presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoó, señaló ayer en la rueda de prensa que se trata de un problema económico que afectará a 87.000 familias. La destrucción de empleo se concentrará en Galicia, Asturias y el País Vasco.
¿Qué ocurrió en otros países?
Bruselas declaró ilegal el sistema de ayudas al naval francés en 2006, después de haber sido denunciado por Holanda. Sin embargo, en este caso no se reclamó la devolución de las ayudas amparándose en los principios de confianza legítima y seguridad jurídica. Con esta premisa, Bruselas tampoco exigirá las ayudas del «tax lease» español firmadas con anterioridad a 2005, pero sí las posteriores.
