Globalgas, la empresa propietaria del gasero CELANOVA, que permanece abandonado en el puerto de Manila con 15 tripulantes a bordo (ver noticia relacionada), fue creada en Las Palmas e inscrita en el Registro Mercantil con fecha 3 de octubre de 2000. Desde su nacimiento se ha visto inmersa en peripecias diversas, todas ellas con el aire característico de las empresas gestionadas bajo el apotegma de “coge el dinero y corre”. No importa cuántos trabajadores queden en la calle con enormes deudas salariales, o cuantas empresas pequeñas y medianas se vean arruinadas ante la imposibilidad de cobrar los suministros o servicios que prestaron a Globalgas. Al frente de la empresa un nombre bien conocido en los medios marítimos por los pufos que va dejando a su paso: Rodolfo Burgos Marín.
Antes de entrar en el tema del CELANOVA conviene recordar que Rodolfo Burgos fue el artífice y beneficiario de una estafa descomunal perpetrada en 1997 desde Naviera del Odiel, cuando se privatizaron los astilleros públicos Hijos de J. Barreras, de Vigo, adjudicados a Construcciones Navales del Odiel, propiedad de un grupo empresarial fantasma con sede en Luxemburgo “de capital desconocido y raíces en paraísos fiscales” (El Pais, 23 de febrero de 2004). Una estafa de varios cientos de millones de pesetas que el Gobierno español, entonces presidido por José María Aznar, no supo atajar ni perseguir.
La información actual sobre la empresa y la familia Burgos (al padre Rodolfo Burgos Marín hay que añadir los hijos, particularmente a Rodolfo Burgos Escudero por su relación con Globalgas), está llena de fraudes y engaños. Y de algo si cabe más grave: la pasividad de la Administración española cuando se trata de controlar los negocios de un personaje habituado a violar las normas positivas y las buenas prácticas comerciales.
Globalgas lleva desde el año 2012, sin presentar sus cuentas en el Registro Mercantil. Las últimas que presentó correspondían al año 2010. Aunque al parecer se ha trasladado al Registro Mercantil de Madrid, su domicilio oficial todavía está ubicado en la calle Torres, número 9, piso 3, de Las Palmas, pero en esa dirección no saben ni contestan. De modo que el Juzgado Social de Las Palmas número 4, con fecha 12 de junio de 2019, y el Juzgado de lo Social de La Coruña, con fecha 2 de enero de 2019, han debido publicar sendos edictos para hacer llegar sus sentencias contrarias a la empresa Globalgas, “en paradero desconocido”. Un paradero desconocido que revela que la Administración española tiene neuronas (y organismos y oficinas y juzgados) que no se hablan entre ellas, pues el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME), publica el 6 de noviembre de 2019 la convocatoria de Junta General ordinaria de Globalgas, firmada por Rodolfo Burgos Escudero el día 28 de octubre, en la calle Juan de Mena nº 19, piso 4 izquierda, de Madrid. Y en la última memoria publicada por la Asociación de Navieros Vascos (Anavas), correspondiente al año 2018, aparece claramente consignada otra dirección de Globalgas: calle Luis Carlos Vázquez, 4 Local, 28043 Madrid, teléfono 913884858, fax 913001854 y correo electrónico globalgas@globalgas.es
Para sortear las demandas pendientes y los procedimientos de ejecución de las sentencias firmes (una de ellas, del Juzgado de 1ª Instancia número 48, de Madrid, fechada el 5 de abril de 2019, obliga a Globalgas a pagar 1.102.205,24 euros, más los intereses y costas), y para ganar tiempo, los Burgos comunicaron a principios del pasado mes de noviembre al Juzgado de lo Mercantil número 13 de Madrid que se encuentra en “situación de insolvencia” y solicita un periodo de gracia antes de la quiebra, dizque para negociar con los acreedores.
Tanto pufo necesita de contactos y mucho silencio cómplice. Y de personas cuya ambición y carencia de principios y valores éticos les arrastra a la colaboración en los desmanes. El CELANOVA ondea la bandera española, comprometida seriamente por un buque que, como mínimo, supone un manchón considerable para la Administración marítima. Consta que la empresa clasificadora del gasero, Bureau Veritas, había detectado en septiembre del pasado año serias deficiencias en los motores auxiliares, en las cadenas del sistema de fondeo y en la pala del timón, finalmente perdida en un temporal a principios de diciembre, tres meses después de la inspección de clase. Sin embargo, consta que el buque tenía todos sus certificados de seguridad y prevención de la contaminación en regla.
Excepto dos personas, el resto de la tripulación no son de nacionalidad española, personal reclutado en un país de bajo nivel de vida y ningún tipo de derechos. ¿No hay modo de controlar esas prácticas a través de las empresas que actúan de intermediarias? Globalgas y los personajes que la acompañan constituyen un ejemplo de empresa insana que contamina y desprestigia al sector marítimo del país.
Quince tripulantes siguen abandonados en Filipinas a bordo de un gasero de bandera española propiedad de la empresa denominada Globalgas, SA. Ahí lo dejo, diría el actor Eduard Fernández en la última película de Alejandro Amenábar.
Fuente: naucher
