El consejo de administración de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), emitió ayer las autorizaciones pertinentes para que Navantia pueda suscribir el contrato de construcción de cuatro buques petroleros tipo Suezmax para Ondimar Transportes Marítimos, filial de la naviera Ibaizabal.
De este modo, el consejo de Sepi ha trasladado a Navantia su autorización para hacer frente a los riesgos que se identifican en este proyecto, así como su aprobación a las cartas de conocimiento propias de estas operaciones, según informa el holding público en un comunicado.
Navantia, por su parte, informó ayer tarde sobre la ratificación de los contratos, así como la estructura financiera necesaria. El presidente de la empresa de astilleros públicos, José Manuel Revuelta, y el presidente del Grupo Ibaizabal, Alejandro Aznar, estuvieron presentes en la ratificación. Los astilleros hicieron hincapié en que los barcos se construirán en España a precio del mercado internacional, lo que “dará estabilidad a la carga de trabajo de la empresa e impulsará la creación de empleo”.
El contrato consiste en la construcción por parte de Navantia de cuatro petroleros tipo Suezmax -denominados así porque sus dimensiones los hacen adecuados para navegar por el canal de Suez- con opción a otros dos más.
Para los astilleros públicos, el contrato de las cuatro unidades iniciales, que se abordará en varias fases, implicará más de tres millones de horas de trabajo que se repartirán entre los astilleros de la Bahía de Cádiz (Puerto Real y San Fernando) y Galicia (Ferrol y Fene).
Una vez obtenida la ‘luz verde’ al contrato por parte de la Sepi, se prevé que la construcción de los petroleros comience en el último trimestre de este año, con un plazo de ejecución aproximado de 21 meses, es decir, estarán listos enla segunda mitad de 2017.
En una carta remitida este martes al presidente de Navantia, José Manuel Revuelta, SEPI deja claro tanto el interés con el que el accionista está siguiendo las negociaciones para la construcción de los petroleros como su conocimiento de que dichas negociaciones se mantienen abiertas.
Sepi se ha asegurado de que la documentación oportuna sea conocida por todos los operadores presentes en las negociaciones entre armador y constructor con el objetivo de que no se produzcan modificaciones sustanciales.
En el comunicado divulgado por la propia Sepi se indica de manera textual que “el consejo de administración de Sepi ha trasladado a Navantia su autorización para hacer frente a los riesgos que se identifican en este proyecto así como su aprobación a las cartas de conocimiento propias de estas operaciones”. En lo referido a esos riesgos, las fuentes de Navantia consultadas restan hierro a l término riesgos diciendo que “son riesgos normales en este tipo de contratos de construcción de barcos como el tipo cambiario o las penalidades en caso de retrasos, entre otros”. “Para firmar un contrato tanto la Sepi como nosotros hacemos siempre un estudio de riesgo”.
Pero en toda esta larga historia con altibajos anímicos es lógico pensar que ha tenido que existir una serie de escollos básicos que han podido salvar o tirar por la borda el proyecto de los petroleros. Y es que hay que recordar que en España no se construye un petrolero desde hace 20 años. Es un contrato de construcción civil que no se daba precisamente por la feroz competencia que llega desde tierras asiáticas. “Hasta ahora no habíamos podido ser competitivos”, aclaran desde Navantia. El que ayer se ratificó es un tipo de contrato muy ajustado en precio y plazos, “pero hay que insistir en que es un contrato con rentabilidad económica, que no se olvide”. Y no puede ser de otra manera pues cabe recordar también que todo este proceso se revisa desde Bruselas con lupa, lo que ha obligado a la propia Sepi a mirarlo también con lupa y no jugarse el dinero, al fin y al cabo, de los contribuyentes y de sus empresas asociadas, sin dejar en el olvido que a la Sepi le interesan estos contratos porque “cuanto mejor vaya Navantia, mejor irá la SEPI”.
La firma de ayer ha supuesto la posibilidad para Navantia de abrirse a otros mercados que, hasta ahora, eran solo alcanzables para los países asiáticos, contra los que es difícil competir con precios internacionales y manteniendo beneficios. Lo que ha posibilitado plantarle cara a esos mercados ha sido, sin duda, el acuerdo con Daewoo.
Navantia llegó a un acuerdo con el astillero de Daewoo, para que el dique asiático sea el encargado de suministrar el material necesario, así como el diseño, para la construcción de los petroleros. Como ya se explicó en su día, la alta producción de este tipo de buques por parte de los astilleros coreanos (más de cien al año) hace que sean capaces de conseguir el material a unos precios mucho más competitivos que si los comprara Navantia por sí misma. De esta manera, la operación se abarata considerablemente y hace que sea rentable para el armador encargar la construcción de los barcos a la compañía española y, concretamente, a Puerto Real. De allí podrían venir buena parte de los materiales aunque se pretende que, por ejemplo, el acero, si se consigue a buen precio en España no tenga que venir del extranjero.
Desde CCOO Industria calculaban ayer que la rentabilidad social del proyecto es “importantísima, especialmente en la Bahía de Cádiz y, en menor medida, en la Ría de Ferrol”. Supondrá para el conjunto de Navantia, según el sindicato, entre 3 y 4 millones de horas de trabajo hasta mediados de 2019 y la generación de unos 3.100 empleos anuales, entre directos, indirectos e inducidos. Pese a lo bueno de estas cifras para Comisiones Obreras lo realmente importante es el balón de oxígeno que insuflarán en las zonas donde están ubicados estos astilleros.
