La dirección de Navantia no tira la toalla en la difícil negociación que aborda desde hace varios días para salvar el contrato de los petroleros. Las espadas siguen en alto mientras se suceden las conversaciones entre sus cuatro protagonistas. La compañía pretende ganar tiempo antes del 28 de julio para despejar dudas y resolver así todos los cabos que aún están sueltos.
De momento, se ha retrasado la reunión del Consejo prevista inicialmente para esta misma semana donde el presidente de Navantia, José Manuel Revuelta, tenía que explicar a los consejeros de la empresa los pormenores de esta inversión para su aprobación.
La reunión tanto del Consejo de Administración de la constructora naval como de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), a la que está adscrita Navantia, se retrasan y todo apunta a que se celebrarán muy próximas al plazo límite acordado con el armador.
El contrato para la construcción en el astillero de Puerto Real de cuatro petroleros con opción a dos más se ha enconado desde que el pasado 30 de junio, fecha límite fijada para conocer la oferta definitiva, surgieran problemas adicionales sobre la financiación de la obra que no estaban contemplados o, al menos, se daban por resueltos. Uno de los más importantes es la aplicación de las ventajas fiscales a través del ‘tax lease’.
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El armador no quiere perder un céntimo de estas ayudas, ya que supone hasta un 30% de rebaja en el impuesto de sociedades. Sin embargo, España tiene aún serios problemas para acogerse a estas medidas europeas que debe negociar el Gobierno de la nación. No es el único problema añadido. Navantia debe justificar también el valor añadido que produce una inversión donde nuestro país solo participa como mano de obra, es decir, el astillero coreano de Daewoo será el que aporte el diseño, la tecnología y los bienes de equipo.Esta situación llevó a Navantia y al grupo vasco Ibaizábal, responsable de la operación a través de su armador, Ondimar Transportes Marítimos, a cambiar el paso el 30 de junio y a firmar un acuerdo con condiciones que debe ser ratificado el próximo 28 de julio. Este nuevo compromiso aparca la idea inicial de construir cuatro buques con opción a dos para establecer un nuevo plazo que consiste en la construcción de dos en una primera fase y otros cuatro en dos fases sucesivas.
Distintas fuentes consultadas por LA VOZ reconocen que la construcción de petroleros a precios de mercado es muy difícil en Europa debido a la fuerte competencia asiática y es en este punto donde trabajan ahora los departamentos técnicos y jurídicos de Navantia para ofrecer una solución definitiva que salve el acuerdo y reciba la bendición de los distintos consejos de administración.
El grupo Ibaizábal necesita los buques con urgencia y ha fijado la entrega de los dos primeras unidades para dentro de 21 meses. Los clientes finales de este trabajo son las petroleras Repsol y Cepsa que necesitan la flota para transportar crudo a través del Canal de Suez. Por esta razón han solicitado petroleros de la serie Suezmax, especiales para la navegación por el canal. El armador es el que controla la ejecución de los barcos, el grupo Ibaizábal quien los compra y, al mismo tiempo, quien los arrienda a través de ‘leasing’ a las dos petroleras.
La incertidumbre que entraña la construcción de los barcos ha tenido respuesta en las plantas gaditanas y en su industria auxiliar. El presidente de la patronal que engloba a las empresas navales de la Bahía, José María Camacho, reconoce que hay confianza en que el contrato salga adelante, «pero llevamos meses de parón a cuenta del gasero». Por lo que respecta a la factoría de PuertoReal, la situación es insostenible y culpan de este problema, más político que empresarial, a las diferencias que mantienen los presidentes de Navantia, José Manuel Revuelta, y el de la SEPI, Ramón Aguirre.
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