El contrato para la construcción de barcos petroleros en los astilleros públicos de nuestro país está en el aire. La aplicación de los beneficios fiscales que conlleva una obra de esta envergadura ha modificado los planes iniciales, sin embargo, no está aún del todo claro que España pueda ser receptora al cien por cien de estas ventajas económicas que controla Europa y que regulan la Comisión de la Competencia.
El denominado ‘tax lease’ es la fórmula económica internacional que se aplica a operaciones navales de construcción civil cuando en ellas participan tres actores, una Agrupación de Interés Económico (AIE), y el destino final del encargo es el alquiler mediante el ‘leasing’. El ‘tax lease’ permite descuentos de hasta el 30% en el impuesto de sociedades, lo que hace muy competitivo el precio del proyecto.
El grupo vasco Ibaizábal, a través de su armador Ondimar Transportes Marítimos, es el responsable de este nuevo encargo a Navantia y, desde luego, no tiene intención de perdonar un céntimo del ‘tax lease’, ya que su aplicación es lo que verdaderamente hace rentable que los barcos se construyan en España y no en astilleros asiáticos. Pero ¿en qué consiste esta fórmula que regula el mercado naval europeo y que es premiada con descuentos fiscales? Fácil. Por un lado intervine un astillero que construye los barcos, en este caso Navantia, por otro, un armador que desarrolla el encargo, Ondimar, y una tercera empresa, el Grupo Ibaizábal, que necesita la flota para arrendarla posteriormente a otras compañías mediante ‘leasing’.
Hacienda sabe que el ‘tax lease’ es clave para el proyecto, por ello se opuso a publicitar el acuerdo
LAVOZ ha sabido que el cliente final de este contrato es, precisamente, la empresa petrolífera española Repsol, que necesita los petroleros para el transporte de crudo a través del Canal de Suez. Por esta razón, el encargo que está sobre la mesa es de cuatro barcos de la serie Suezmax, con opción a otros dos. Se trata de petroleros muy específicos para navegar por las aguas del Canal de Suez, de ahí su nombre.
La secuencia del película quedaría de la siguiente forma: el armador Ondimar encarga la obra, Navantia construye, el Grupo vasco Ibaizábal, al que pertenece el armador, compra la flota y la alquila mediante ‘leasing’ a Repsol.
La negociación iba sobre ruedas hasta que han surgido las dudas de que España pueda acogerse totalmente al ‘tax lease’. No hay que olvidar que el abuso que hizo España de esta fórmula entre 2002 y 2007 por parte de los astilleros públicos y privados nos llevó a una dura sanción de Europa. Varios países denunciaron a España por competencia desleal.
El gobierno comunitario cambió la multa económica, la devolución los 2.000 millones de euros recibidos en ayudas ilegales, por una sanción administrativa, que ha consistido en limitar durante los últimos diez años la construcción civil en los astilleros españoles solo al 20%. España ha cumplido la pena y el pasado 1 de enero acabó la restricción.
Quedan demasiados flecos por atar y no hay ninguna garantía de que el contrato se firme
Sin embargo, el problema radica ahora en que Europa quiere también que se intervenga sobre las supuestas ayudas ilegales que se percibieron también entre 2008 y 2011. En este punto es donde el Gobierno español y la Comisión Europea de la Competencia negocian un acuerdo.
Por esta razón, la SEPI, responsable máxima de Navantia, nunca vio con buenos ojos el contrato que estaba desarrollando Navantia con Ondimar, ya que aún no está zanjado con Bruselas el acuerdo definitivo sobre la aplicación o no del ‘tax lease’.
Las diferencias entre la dirección de la SEPI, capitaneada por Ramón Aguirre, y el presidente de Navantia, José Manuel Revuelta, eran un secreto a voces en Madrid, sin embargo, la negociación de los petroleros ha terminado por amplificar su enfrentamiento. Según ha podido saber LAVOZ, la SEPI nunca aprobó los anuncios que hizo Navantia con Ondimar sobre el contrato de los petroleros.
Cabe recordar que las partes firmaron en marzo un borrador de intenciones y en plena campaña electoral de las municipales rubricaron un acuerdo que se iba a transformar en contrato el 30 de junio. Ese día, precisamente, se supo que el acuerdo inicial se había modificado en su totalidad. Así, se prevé construir dos barcos, mientras que los otros cuatro programados se dejan para dos fases posteriores. La SEPI tiene que aprobar el acuerdo y el grupo Ibaizábal espera que no haya problemas con el ‘tax lease‘, de lo contrario, los astilleros asiáticos aguardan hacerse con este contrato.
