La Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques (Anesco) aprobó ayer las bases negociadoras para la reforma del modelo de estiba durante un Comité Ejecutivo en La Coruña, en el que participó por primera vez su nuevo director general, Pedro García Navarro. Anesco y los sindicatos celebrarán el 7 de julio el primer encuentro oficial de negociación entre las partes.
Entre otros asuntos, en dicho Comité Ejecutivo, Anesco confirmó unánimemente las premisas fundamentales que propone para la adaptación de la legislación portuaria a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea.
Esta adaptación, para Anesco, debe cumplir las siguientes condiciones: seguir avanzando en un proceso dialogado con la administración y los sindicatos, en la mejora del modelo portuario español; asegurar la igualdad de condiciones de los operadores portuarios, los actuales y los que inicien su actividad en el futuro; garantizar la cobertura de la Administración de los costes del cambio, y definir soluciones flexibles para su adaptación a las peculiaridades de cada puerto.
En este contexto, Anesco indicó en un comunicado que iniciará el martes, 7 de julio, una ronda de conversaciones con representantes sindicales, a petición del Gobierno, en el marco del proceso de la adaptación del modelo de estiba en España a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea.
La reunión del próximo 7 de julio es el primer encuentro oficial entre ambas partes, que muestran así su predisposición al diálogo y su colaboración con la Administración en este proceso.
Las premisas acordadas en el Comité Ejecutivo de La Coruña recogen el posicionamiento oficial de Anesco tras alguna apreciación sobre su posición en la prensa que aseguró, evidentemente, no corresponde a la realidad. Anesco aclaró que no había hecho ninguna otra comunicación al respecto.
El sindicato mayoritario en la estiba, Coordinadora Estatal de Estibadores Portuarios, aseguró en abril que el Ministerio de Fomento había aceptado en una reunión la plataforma propuesta por los representantes de los trabajadores, como base para la negociación de la respuesta al Tribunal de Luxemburgo.
Dicha plataforma planteaba, por un lado, el mantenimiento de las Sociedades Anónimas de Gestión de Estibadores Portuarios (SAGEP), porque sostenían que el Tribunal de Luxemburgo condenaba a España por las obligaciones que impone la Ley de Puertos, no por las sociedades en sí; la preferencia de contratación de los trabajadores portuarios; que no sea obligatorio para las empresas pertenecer a una SAGEP pero que el Gobierno articule bonificaciones a las empresas que decidan entrar en su accionariado para que sea más atractivo formar parte de ellas.
Además, plantearon la protección de los trabajadores mediante el Convenio 137 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en cuyo artículo 2 consta que “la política nacional deberá estimular a todas las partes interesadas a que, en la medida de lo posible, se asegure el empleo permanente o regular de los trabajadores portuarios”. De esta forma, los trabajadores portuarios que consten en los registros tengan preferencia de contratación frente a otros. El Convenio 137 de la OIT data de 1973 y España lo ratificó en abril de 1975.
