En ese plazo, el Gobierno espera colocar las miles de toneladas que tiene alijadas -fuentes de la Asociación Nacional de Buques Cefalopoderos (Anacef) hablan de 6.000- y que ya han colapsado la capacidad de almacenamiento de las plantas frigoríficas de Nuakchot, a la vez que tienen al límite las de Nuadibú, según recogió la prensa digital mauritana. Lo que mantiene parada la mayor parte de la producción de cefalópodos es la renuencia de los mauritanos a venderlo a un precio por debajo de los mil dólares (761 euros) la tonelada. Y los japoneses, de siempre sus principales clientes, se niegan a pagar una cuantía que consideran a todas luces desorbitada.
Según detallan los medios mauritanos, el problema surgió tras la aparición de un pequeño comprador, Fudji, nuevo cliente de los mauritanos, que mejoró la oferta inicial y subió el listón de los mil dólares por tonelada. A partir de ahí, la empresa estatal que se encarga de comercializar la mercancía, la SMCP (Sociedad Mauritana para la Comercialización del Pescado) decidió extender esa tarifa a las demás empresas que tradicionalmente absorbían el pulpo mauritano, como Marubeni, Mitsubishi o Nichirei, firmas que, además, adquieren cantidades muy superiores a la que se facturó a Fudji.
Competidores
Ni que decir tienen que los clientes habituales se negaron a satisfacer una factura que creen exagerada. Así que rechazaron el cefalópodo mauritano y se fueron de compras por Marruecos, Guinea-Bisáu y Senegal, donde también hay pulpo en cantidad y a menos precio que los mil dólares por tonelada.
El pulso de los funcionarios de la SMCP ya está pasando factura a la flota artesanal y tampoco es indiferente a los grandes productores, según la pubicación digital Cridem.org. Pero el Gobierno no está dispuesto a dar el brazo a torcer y preferido adelantar en concepto de préstamo parte de las ventas de la producción para ayudar a resolver los problemas de liquidez de las empresas a la espera de doblegar a los japoneses en su boicot.
Pero ese tira y afloja ya ha molestado al sector pesquero mauritano, que vuelve a sufrir los mismos problemas que tenía antes de la privatización de la sociedad que comercializa el pescado. Y es que son los funcionarios los que negocian el precio de un producto, el pescado, que no les pertenecen e imponen sus reglas, sin pararse a pensar o tener en cuenta las consecuencias que ese pulso tiene en las empresas y, sobre todo, en las pesquerías artesanales, que no son capaces de aguantar mucho tiempo sin liquidez.
