La consejera delegada de Pymar, Almudena López, cree que los inversores no volverán hasta que no se aclare la situación legal
ABC, 13 Ago. (Madrid).- Como señala la consejera delegada de la patronal que agrupa a los 19 astilleros afectados, Almudena López del Pozo (Madrid, 1976), el sector vive pendiente de la contabilización de la devolución de las ayudas y del recurso que presentará el Gobierno a la decisión de Bruselas. Desde que la Comisión declaró ilegal en 2011 el sistema de ayudas fiscales al naval aplicado en España – «tax lease»- y abrió la investigación, el sector se sumergió en un período de calma chicha en el que aún continúa: a pesar de que el nuevo sistema validado por Bruselas entró en vigor el pasado mes de enero, aún no se ha encargado buque alguno con el nuevo modelo. «Los inversores no volverán hasta que no se sepa la foto final de quién debe devolver las ayudas», sentencia López.
-¿En qué beneficia al sector el régimen transitorio para el naval que el Gobierno aprobó en el último Consejo de Ministros?
-El régimen transitorio comprende las operaciones desarrolladas con el anterior «tax lease» y nos beneficia porque otorga seguridad jurídica a los contratos que estarán en vigor hasta que la ayuda comience a ser incompatible.
-Almunia ha recalcado que las devoluciones solo se dirigen a inversores que son grandes empresas y bancos, y no a astilleros y armadores, por lo que no afecta al naval…
-No es cierto. Todo esto es un juego de suma cero. Los operadores que intervienen en estas operaciones están ligados unos con otros, así que si vas contra el financiador de la operación indirectamente vas contra el astillero. ¿Qué mediana empresa puede funcionar sin crédito? Si a los bancos les haces devolver los beneficios fiscales obtenidos por financiarte el proyecto, ¿van a volver? Es una forma indirecta de ir contra los astilleros.
-Pero desde los astilleros se acogió el veredicto con optimismo…
-Es la decisión que tenemos y no podemos ser muy catastrofistas porque necesitamos reconducir la situación. La resolución de Bruselas es injusta y discriminatoria y por ello, el veredicto debe ser recurrido porque jurídicamente los inversores tenían la certeza de que el sistema era legal y por tanto no hay que devolver nada. Pero es cierto que vimos avances positivos que nos tranquilizaron. La devolución podría haber sido desde 2002 al 2011 y al final fue desde 2007, además de que comenzó afectando a armadores y al final solo se dirigió a los inversores, aunque también es injusto y discriminatorio. Además, no hay que devolver toda la ayuda sino solo aquella que se considera incompatible. Por eso estamos más optimistas: dentro de los límites marcados se pueden mitigar los efectos de la devolución.
-¿Confían en que Hacienda contribuya a ello?
-Sí claro, Hacienda es la primera interesada en no hacer un calculo demoledor, aún si luego tendrá que someterse al control de la unidad de recuperación y de la CE. Y aquí es donde Almunia deberá cumplir lo que prometió al aprobar la resolución: que el control de la devolución no va a ser un impedimento para el futuro del naval.
-El ministro Soria dijo que la devolución estará «muy lejos» de la primera estimación de 2.000 millones…
-Aún no se sabe. Hacienda debe estudiar 165 expedientes para hacer un cálculo en un plazo que acaba el 18 de septiembre. El conjunto de las ayudas a todos los agentes concedidas entre 2002 y 2011 suponen 2.800 millones. Ahora las devoluciones solo afectan al período 2007-2011, a aquellas consideradas incompatibles y solo a las concedidas a inversores, así que está muy lejos de esa cifra. Hay margen.
-¿Apoyan un marco común europeo de financiación al naval?
-Por supuesto que sí, hemos entrado en una espiral totalmente destructiva de demandas cruzadas entre estados miembros. Y esto va a hacer que nos matemos entre nosotros mientras los astilleros asiáticos se benefician.
-Sin ayudas fiscales de ningún tipo, ¿es competitivo el naval español?
-Sin sistemas de financiación que generen exención fiscal, no solo España, Europa no puede competir contra Asia. Allí venden por debajo del precio de coste, cometen «dumping».