Pretende dar seguridad jurídica a los financiadores ante la decisión de Europea de devolver las bonificaciones fiscales
LA OPINIO, 02 Ag. (Tenerife).- La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que esta disposición tiene por objetivo “aclarar jurídicamente todos los extremos que siguen siendo válidos en tanto son compatibles con la decisión” de Bruselas y que “será el Gobierno el que determine la compatibilidad”.
El pasado 17 de julio, el Ejecutivo comunitario dictaminó que los beneficiarios del régimen fiscal establecido para la financiación de la construcción naval deben reembolsar las bonificaciones recibidas entre mayo de 2007 y 2011.
Sin embargo, los financiadores no tienen que devolver la totalidad de los beneficios fiscales, sino solo aquellos que son incompatibles con la decisión de la Comisión.
“Esta norma permite dar seguridad jurídica y confianza a los financiadores de los astilleros para que continúen aportando los fondos en los proyectos que están en este momento en vigor”, ha subrayado.
El objetivo es evitar “la duda de que del contenido de la decisión (de la Comisión) debiera desprenderse la necesidad de resolver la compleja estructura existente y de rescindir los contratos en vigor”, cuando la obligación de devolver afecta solo a una parte.
Sáenz de Santamaría ha señalado que, mientras tanto, el Ministerio de “Hacienda sigue trabajando para determinar la metodología adecuada para la determinación de la parte que resulte incompatible” con la decisión de la Comisión y que el Gobierno trabaja en la elaboración de un recurso contra dicha resolución.
