La cuantía a reembolsar sobrepasaría los 2.800 millones de euros
FARO DE VIGO, 25 Jun. (Vigo).- Los servicios de Competencia de la Comisión Europea (CE), al frente de los cuales está el comisario español Joaquín Almunia, quieren exigir el reembolso de todas las ayudas concedidas desde 2005, como adelantó ayer FARO en exclusiva, lo que ha llevado al sector a intensificar in extremis la presión en Bruselas para que Almunia dé marcha atrás y no someta esa propuesta a votación en la reunión del colegio de comisarios de mañana. Los astilleros advierten de que esto supondría su “defunción”, ya que el 95% de las operaciones con tax lease se firmaron a partir de ese año, por lo que una sentencia desfavorable obligaría a devolver más de 2.800 millones de euros.
Las próximas 48 horas serán claves. Fuentes del sector alertaron ayer de que Almunia “ha cedido en la guerra comercial contra el naval español en favor de Holanda”, país que encabezó las denuncias contra el tax lease y que ahora se beneficia del parón en los astilleros nacionales. Las mismas fuentes indicaron que la resolución que tiene el comisario español en su poder obliga a devolver la práctica totalidad de las ayudas al sector naval, lo que supondrá su defunción “dirija a quien se dirija”. Competencia afirmó en varias ocasiones que en caso de fallo desfavorable, el reembolso de las ayudas se exigiría a los financiadores de los contratos (es decir, bancos e inversores) y a los armadores y navieras, pero no a los astilleros.
“Si la decisión va contra los armadores, estos buscarán otros países donde contratar sus buques. Si va contra los financiadores, se hará inviable que el sector disponga de crédito para contratar y seguir construyendo”, argumentaron las mismas fuentes, que destacaron que la Comisión creará “un clima de inseguridad” y espantará “a todos los financiadores y armadores”. Al final se verán perjudicados los 19 astilleros españoles en activo, sus industrias auxiliares y 87.000 trabajadores, la mayoría de Galicia, Asturias y País Vasco.
“De todas las hipótesis que barajábamos, sin duda, ésta es la peor”, apunta un portavoz de un astillero gallego. La justificación que emplea Competencia para reclamar el reembolso de todas las ayudas desde 2005 es que ese año se comenzó a investigar el sistema francés de ayudas al sector naval, y que el Estado español debió haber comunicado entonces la existencia del tax lease. Competencia se olvida en esta argumentación de dos hitos en la historia del naval que desmontan la supuesta ilegalidad del sistema español, el del matching holandés, en 2004, y una carta de la anterior comisaria de la Competencia, fechada en marzo de 2009, en la que manifestaba a la entonces ministra de Industria de Noruega que el tax lease “no era discriminatorio” y que la Comisión, por tanto, no tenía intenciones de tomar medidas en ese sentido.
“Esta decisión supone el principio del fin de la construcción naval en Europa, porque la guerra entre estados no ha hecho más que empezar. El sistema holandés está también en proceso de investigación. Los únicos beneficiarios en esta escala de denuncias son los astilleros asiáticos: China y Corea”, esgrimieron fuentes del sector.
Los astilleros se encomiendan a todas las administraciones para que intensifiquen estos días la presión en Bruselas y no se abandone al naval a su suerte. “Exigimos a la Comisión que actúe con coherencia y al Gobierno español que exija la vuelta a la normalidad y la no discriminación en el marco europeo”, señalaron desde la patronal gallega del metal, Asime. Esta asociación, que representa a astilleros e industrias auxiliares, explicó que la Comisión debe resolver “sin olvidar su comportamiento ante el caso francés”. “El Gobierno debe esgrimir su capacidad diplomática y hacer valer nuestro comportamiento ajustado a los principios comunitarios y no permitir que ciertos lobbies provoquen resoluciones injustas y arbitrarias”, manifestó Asime, en alusión a los constructores navales holandeses.
Clamor sindical
Los principales sindicatos del metal subrayaron que mantendrán las movilizaciones para evitar la desaparición de un “sector estratégico”. Desde UGT, Manuel García, secretario general de MCA-Galicia, afirmó que “Almunia lleva engañando al sector desde 2011” y exigió más implicación de Gobierno, Xunta y empresarios para resolver esta situación. “Parece que somos los trabajadores los únicos que nos estamos movilizando”, lamentó. Ramón Sarmiento, responsable nacional de naval de CC OO, señaló que la resolución de Almunia no está sustentada “en ningún criterio conocido hasta ahora” y abogó por crear un frente común “in extremis” de todas las partes afectadas (sindicatos, empresas y administraciones) para defender al sector esta semana en Bruselas.
El alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero, aseguró ayer que la decisión de Almunia “es de todo punto incomprensible, un ataque al sentido común”. “Intentaremos en la medida de nuestras posibilidades buscar un mecanismo para revertir una situación crítica. Por eso sorprende el silencio de la Xunta y el Gobierno de España”, indicó el regidor tras participar en la Ejecutiva del PSOE en Madrid. Caballero afirmó que si el comisario socialista no cambia su planteamiento “que sepa que tiene al partido en contra”.
Los astilleros españoles contrataron más de 270 barcos con este sistema en 9 años
El tax lease, que cumplirá el próximo sábado dos años de suspensión por orden de la Comisión Europea (CE), era el sistema de arrendamiento financiero que usaban los astilleros españoles para contratar buques tecnológicamente avanzados y que estuviesen abanderados en algún país de la Unión Europea (UE). Este mecanismo ofrecía ahorros de entre el 20% y el 30% sobre el precio total del barco y movilizó la construcción de más de 270 buques en el periodo 2002-2010, por un valor superior a los 8.700 millones de euros.
El tax lease combinaba una amortización acelerada del barco en 3,5 años con los incentivos del régimen fiscal de las navieras, en función del tonelaje de los barcos. Ese doble beneficio fiscal es el que rechazó Bruselas. Se trataba de un sistema complejo, que facilitaba la financiación de los astilleros, a través de inversores con altas bases imponibles en el impuesto de sociedades, interesados en desgravar, entre los que figuran empresas como Inditex o El Corte Inglés. Estos inversores constituían una agrupación de interés económico (AIE) que intermediaba en la compra del barco entre el astillero y el armador.
Entre los astilleros que más utilizaron el tax lease entre 2002 y 2010 estaban Hijos de J. Barreras (con contratos por valor de 1.700 millones), Factorías Vulcano (1.000), Construcciones Navales del Norte (1.000), Zamakona (700) y Armón (500).
La devolución de las ayudas supondría un grave problema para el Gobierno, ya que todas las operaciones con el tax lease fueron validadas por la dirección general de Tributos del Ministerio de Hacienda. España ya fue condenada en dos ocasiones por Europa por no haber ejecutado órdenes de recuperación de ayudas ilegales de naturaleza fiscal, en 2006 y 2007, por el caso de las llamadas “vacaciones fiscales vascas”.
