Por fin está a punto de aprobarse un nuevo "tax lease", el sistema de bonificación fiscal que permitirá a los astilleros españoles buscar carga de trabajo en los mercados internacionales en igualdad de condiciones que sus competidores. Diecisiete meses ha costado conseguirlo, un tiempo que ha dejado en situación agónica a buena parte del sector y en entredicho a todas las administraciones implicadas en la búsqueda de la solución, pues si ésta existía, como ahora se ha demostrado que así era, resulta incomprensible que la hayan demorado tanto y tan irresponsablemente.

 Queda pendiente de solventar el riesgo de que la Comisión Europea declare ilegales las ayudas concedidas con el viejo "tax lease" 

FARO DE VIGO, 10 Nov. (Vigo).- Desgraciadamente, la autorización del nuevo modelo por parte de Bruselas, prevista para el próximo día 20, no despeja todas las amenazas que desde la UE se ciernen sobre el naval gallego. Queda todavía pendiente de solventar, en primer lugar, el riesgo de que la Comisión Europea declare ilegales las ayudas concedidas con el viejo "tax lease", algo que, de llevarse finalmente a cabo, exigiría devolver ingentes cantidades de dinero, hasta el punto de que para más de un astillero supondría abocarlo a la liquidación.

Pero el "tax lease" y sus secuelas no representan ni el único ni siquiera el peor de los retos del sector naval, como ya hemos expuesto en este mismo espacio editorial. Su suspensión era un problema, y muy grave, en sí mismo, pero también, y quizá mayor, por haber sido utilizado en ocasiones como una cortina de humo tras la cual ocultar otros de gran calado.

La administración y gestión inadecuada, cuando no manifiestamente irresponsable o delictiva, de algunos astilleros durante las épocas de bonanza les abocó a afrontar la crisis en situación de extrema debilidad. El consiguiente cierre de sus canales habituales de financiación supuso, en un sector tan extremadamente apalancado como éste, un obstáculo muy difícil de superar, al que se añadieron otros como la referida suspensión del "tax lease" o la irresponsable huelga del Metal de finales de 2009. Todo eso nos condujo hasta aquí, y no solo la legislación comunitaria.

Con avales y más avales de la Xunta, algunos han logrado subsistir y salir del concurso de acreedores haciendo recaer en sus proveedores y en la industria auxiliar quitas insufribles. Tanto que más de 160 empresas de las 300 que componían el tejido de la industria auxiliar del naval vigués han desaparecido desde entonces, enviando al paro a más de 7.500 de los 10.500 trabajadores que tenía el sector antes de la crisis. Solo un puñado de astilleros, los mejor gestionados, más eficaces y dinámicos han capeado la tempestad con solvencia y buen hacer.

Y mientras eso ocurría aquí, allende nuestras fronteras sacaban tajada, por ejemplo, los astilleros de Noruega, Italia, Turquía u Holanda, país éste desde el que se lideró la denuncia ante la UE que paralizó el sector en España. Todos ellos vieron repuntar con fuerza sus contratos gracias, fundamentalmente, a la alta demanda de "off shore" y buques petrolíferos.

Solo en lo que va de 2012, Noruega ha firmado 170 nuevos contratos de barcos. Por el contrario, en Galicia, desde enero, solo Metalships ha sido capaz de cerrar en agosto el contrato de un "off shore" por 100 millones de euros para la naviera norteamericana McDermott. En septiembre, con la mediación de la Xunta, Barreras, recién salido de un traumático concurso de acreedores, logró un precontrato con Pemex para un buque hotel por 145 millones y Navantia otro similar para Ferrol. El acuerdo con la petrolera mexicana, envuelto en una turbia polémica, contempla también construir siete remolcadores íntegramente en Galicia y otros siete en colaboración con firmas mexicanos.

Una vez restablecidas las reglas de la competencia con los astilleros de los demás países, como se da por hecho que ocurrirá en dos semanas, habrá llegado el momento de que el sector naval gallego afronte su responsabilidad y se valga por sí mismo, sin más muletas de las administraciones públicas, es decir, del dinero de todos, ni más favoritismos injustificables frente a quienes, instalados a su lado, se abren camino en el mercado con sus propios medios.

A las administraciones lo que deben exigirles con firmeza es que resuelvan, y cuanto antes, el litigio aún pendiente sobre las bonificaciones del antiguo "tax lease". Como decimos, no es un asunto menor. Entre 2002 y 2010 se financiaron por ese procedimiento la construcción de 273 buques por valor de 8.727 millones de euros. Tomando como referencia que el esquema fiscal permitió rebajar entre un 20 y un 30% el precio original de los barcos, el montante de las ayudas a reintegrar, en caso de considerarse ilegales, podría superar los 2.600 millones, a los que habría que devengar los intereses que fije la Comisión. Tal desembolso sería exigible, según Bruselas, a todos los beneficiarios del sistema: bancos, empresas de leasing, inversores (las Agrupaciones de Interés Económico), las navieras y los astilleros. De estos, los que más se aprovecharon de este régimen fueron Barreras (con contratos por 1.700 millones), Vulcano (1.000), Construcciones Navales del Norte (1.000), Zamakona (700) y Armón (500).

Harían bien el Gobierno central y la Xunta en no perder más tiempo y conformar un armazón institucional y de profesionales jurídicos al máximo nivel con el que defender en Bruselas la legalidad del anterior sistema mediante argumentos técnicos irrefutables, que los hay, además de apelar a la buena fe, la seguridad jurídica o la confianza legítima.

Otros países, como Francia, así lo hicieron antes. En 2006, la Comisión Europea obligó a cambiar el sistema francés denunciado por una naviera británica. Pero los galos negociaron y no tuvieron que devolver las ayudas. Unas ayudas que, en el caso español, contaron cuando se crearon con la bendición por escrito de la entonces comisaria de Competencia, la holandesa Neelie Kroes, por ejemplo.

Expertos juristas apuntan incluso la posibilidad de esgrimir razones de excepcionalidad, como que su empleo resultó clave para impulsar el desarrollo económico de un territorio o para paliar una grave situación de desempleo, con la consiguiente declaración de improcedencia de su recuperación.

El naval gallego se dispone a abandonar la UCI legal en que llevaba internado año y medio. Debe librarse ahora de las prótesis del pasado y lanzarse a caminar en solitario esgrimiendo eficiencia, responsabilidad y espíritu comercial, las armas con las que tanto ha aportado a Galicia a lo largo de la Historia. Y debe hacerlo sin dilación alguna.

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