El sector productivo de la pesca en Europa representa, sin error a equivocarnos mucho, uno de los más subvencionados a través de las ayudas públicas. Y cuando se habla de ayudas públicas se está hablando a todos los niveles de administración, tanto las autonómicas como las estatales y las propias de la Comunidad Económica Europea. La razón de este trato preferente quizá hubiera que buscarlo en sus antecedentes históricos, cuando los pescadores, sin quererlo, se convirtieron en protagonistas de las potencias marítimas. 

Luis Antonio García Martínez, Segundo Somandante Naval de Santander “es necesario que España haga valer su posición en los foros adecuados antes de sufrir las nuevas directrices europeas 

 LA NUEVA ESPAÑA, 02 Oct. (Gijón).- Hablamos de los siglos XVII y XVIII, concretamente los orígenes de nuestra Marina de Guerra, en la Corona de Castilla, que estuvieron unidos de tal manera a los gremios de pescadores que forman una misma y común historia. Los navíos cántabros, los pilotos y marineros del Norte, avezados en audaces empresas y en lucha constante con los elementos, formaron el primer plantel de barcos y marinos españoles. Si además a esto le sumamos sus ritos, costumbres y religiión, nos acercaremos cada vez más a entender el porqué la pesca adquiere ese poder y que desde tiempos tan ancestrales haya estado tan soportada por el Estado.

A partir del ingreso de España en la Comunidad Económica Europea, año 1986, el sector pesquero empezó a recibir dinero a espuertas que se tradujo en la construcción de nuevas lonjas, de buques más modernos y eficientes, de fábricas de hielo, de centros de investigación para la producción acuícola y empresas privadas dedicadas a sectores auxiliares. En algo más de un cuarto de siglo desde su ingreso, España recibió más de 10.000 millones de euros en ayudas, lo que significa más de un billón y medio de pesetas.

Sin embargo, todo este esfuerzo ha servido de poco en la regeneración de los caladeros. A pesar de los desguaces incentivados, del pago de las vedas, de los paros biológicos y de la modernización de las flotas pesqueras, queda demostrado que los logros han sido en la mayoría de los casos perniciosos. La política pesquera común (PPC) no estaba alcanzando sus objetivos, la flota disminuía en número de buques y en potencia relativa instalada y eran precisamente esas ayudas las que estaban fomentando que los barcos fueran más eficientes y por tanto pescasen mucho más de lo previsto.

Por otro lado, las cuotas de captura admisible para las diferentes especies TACs se calculaban en la mayoría de los casos al revés, es decir, partiendo de las cantidades que se querían capturar y no precisamente atendiendo al estado biológico de los stocks. Los medios de comunicación y la mejor formación de la sociedad hicieron el resto: se produjo un aumento en el consumo de pescado dado el alto valor proteínico y nutritivo. Por ello fue necesaria la importación de productos pesqueros, dada la demanda que ya no era cubierta por las pesquerías de aguas europeas, lo que fomentó la bajada de precios de nuestro propio pescado. Para colmo de males, el combustible se ha disparado en estos cinco últimos años, lo que ha motivado la paralización de muchas unidades de pesca que han visto que les resultaba más rentable desguazar las embarcaciones y solicitar las indemnizaciones por la paralización definitiva.

La política pesquera europea en general y España en particular necesita urgentemente una reforma, reforma que precisamente no pasa por quedar tan solo reflejada en un documento como si de una declaración de buenas intenciones se tratara. La reforma de la PPC debería marcar el futuro de la pesca y el ecosistema marino europeo para los próximos diez años. La propuesta actual realizada por la Comisión plantea sin quererlo un gran problema: la incoherencia entre la declaración de intereses comunes y los mecanismos que en cierta manera se proponen. Lo que se plantea en estos momentos es una propuesta demasiado edulcorada e idealista, que debe ser razonada y mejorada con la decisión de los responsables en el foro adecuado a través del cual el Parlamento y el Consejo Europeo puedan presentar enmiendas a la propuesta actual. Pero es opinión de los que siguen este proceso, más bien pocos, que nada de esto será posible si no se aumenta la presión ciudadana, y esta solo se conseguirá si se les informa de forma llana y adecuada.

La nueva PPC quiere devolver la sostenibilidad a las poblaciones de peces al objeto de poder ofrecer a los ciudadanos de la Unión Europea un suministro alimentario estable, seguro y saludable a largo plazo. El objetivo es que esto llegue a representar la prosperidad del sector pesquero y así acabar en cierta manera con la dependencia de las subvenciones. Se trataría de crear nuevas oportunidades de empleo y crecimiento en las zonas costeras, al mismo tiempo que conseguir una nueva concienciación social pesquera encaminada a una mejor gestión de la mar desde todos sus aspectos.

Que tiemble el sector pesquero español. Los elementos que giran en torno a esta reforma y que podemos destacar como puntos fundamentales son: la «prohibición de los descartes», el «rendimiento máximo sostenible», la «regionalización», la «dimensión y su alcance social», las «paralizaciones definitivas», las «concesiones de pesca transferibles», etc., etc.

Los descartes son uno de los mejores ejemplos de las deficiencias de la PPC y cada día son más difíciles de justificar ante los propios pescadores y menos ante la sociedad en general. La comisión planea tres etapas para la prohibición: la primera en 2014 para las especies pelágicas, la segunda en 2015 para las especies demersales más valiosas y la tercera para el resto de las especies en 2016. Con todo esto se pretende que los lances sean más selectivos; con ello se ahorraría más combustible, se evitarían las largas manipulaciones del pescado a bordo y las poblaciones de peces sufrirían menos presión y estarían en condiciones de recuperarse más rápidamente y producir capturas de pescado con unos mejores precios de mercado, aumentando así la rentabilidad de los propios pescadores. Dicho así suena muy bien, pero lo que no se está teniendo en cuenta son las circunstancias de cada pesquería y el tipo de arte utilizado.

En cuanto al rendimiento máximo sostenible, está definido como el nivel más elevado de capturas que puede extraerse de una población de peces a lo largo de un periodo indefinido sin dañarla. Lo que se pretende con esta medida es pasar de una pesca intensiva de las poblaciones más pequeñas a una pesca más racional de las más abundantes y para ello debieran hacerse planes de gestión plurianuales fijando la mortalidad por pesca en cada plan para garantizar la estabilidad de una población de una campaña a otra, siendo preciso para su eficacia que los planes plurianuales fijen índices de mortalidad. A pesar de la buena intención para España, esto puede representar el tener que hacerlo en un tiempo excesivamente rápido y para lo que no está preparada aún.

En lo que respecta a la regionalización, el «palabro» suena bien, pero ya no tanto su contenido. Esto significa en cierta manera dejar de lado la microgestión y garantizar que las normas se adapten a las características específicas de cada pesquería y a cada zona marítima, «región». En el tema de la anchoa en el Golfo de Vizcaya funcionó bastante bien en lo que respecta a la cooperación entre Francia y España. ¿Con nuestro carácter latino funcionará con el resto de los países de los estados miembros?

Otro punto fundamental es la dimensión y su alcance social, esto radica fundamentalmente en el factor humano que se dedica y trabaja para el sector pesquero. El sector pesquero representa menos del 0,2% del total del mercado laboral en la UE. Sin embargo, para España representa un 3%. El empleo registra cifras alarmantes: desde 2002 las tendencias son negativas, ha descendido un 31% el segmento extractivo y un 16% el segmento de la acuicultura. Queda claro pues el declive del empleo. Además, el número de puestos de trabajo dependientes del sector pesquero está descendiendo en la mayor parte de las zonas costeras. Invertir esta tendencia es un objetivo más de la PPC. ¿Será España capaz de subirse al carro o simplemente le tocará empujar?

Si hablamos de las paralizaciones definitivas, se puede decir que la PPC entre 1994 y 2013 habrá desembolsado 2.730 millones de euros para desguazar buques pesqueros; sin embargo, no ha conseguido resolver el problema del exceso de capacidad, que sigue incrementándose un 3% anual. Es por tanto que la nueva PPC busca en cierta manera ajustar la capacidad de la flota a la capacidad de regeneración de los caladeros, lo que se traducirá en otra vuelta de tuerca al número de pesqueros y a su potencia. La mejor forma de alcanzar el objetivo es dejar de indemnizar las paralizaciones definitivas, es decir, no pagar los desguaces cuando esta nueva reforma entre en vigor.

Para finalizar este adelanto de lo que nos viene encima se baraja un término nuevo que acabará con un derecho social para hacerlo privado. Se trata de las concesiones de pesca transferibles y consiste en una iniciativa que no es más que la privatización de unos recursos marinos que hasta ahora venían siendo propiedad de la sociedad. Se pretende que estos derechos se distribuyan de forma nacional, es decir, en las aguas de cada estado y entre sus pescadores nacionales, lo que en cierta manera viene a contravenir lo que hasta ahora se llama política pesquera común sobre unas aguas que se dicen comunes. Visto lo visto, existe el riego de que los pescadores artesanales puedan vender sus derechos a grandes empresa o lobbies que terminen por adueñarse de los recursos marinos de una zona costera.

Todo esto y otros muchos más detalles afectarán a lo que hasta ahora estábamos acostumbrados en materia de pesca en España. Es por ello por lo que debiéramos ponernos las pilas y actuar en los foros adecuados antes de que se nos imponga el citado reglamento sin más.

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