Bruselas cuestiona que la propuesta formal para un nuevo tax lease se limite únicamente al sector naval. Competencia quiere saber si el Gobierno español está dispuesto a extender el sistema de bonificación fiscal a otros sectores y empresas, independientemente de su tamaño. "En el caso de que España tenga que ampliar este mecanismo podría crear problemas a Hacienda que vería, en principio, reducidos sus ingresos", según afirmaron a este periódico expertos fiscales.

 La ampliación del sistema crearía problemas en Hacienda que vería reducidos, en principio, sus ingresos 

FARO DE VIGO, 09 Ago. (Vigo).- Bruselas planteó el pasado 1 de agosto unas "preguntas adicionales" a España en las que requería que el sistema que se apruebe "pueda ser aplicable tanto a pequeñas y medianas empresas como a grandes empresas" y a que "las asociaciones de interés económico que se constituyan como sociedades instrumentales para la financiación de las operaciones puedan también realizar operaciones navieras".

El ministro de Industria, José Manuel Soria, "no ve objeción alguna" a las nuevas cuestiones que plantea Competencia, que pregunta además si se incluirán inmuebles “naves industriales o establecimientos comerciales” en el sistema de amortización anticipada, una cuestión que está estudiando el Ministerio de Hacienda, "con algunas cautelas lógicas para evitar operaciones de ingeniería financiera".

Soria tiene "la convicción de que Hacienda será favorable" a esta petición, por lo que la respuesta española se remitirá a Bruselas "a lo largo de agosto, sin agotar el plazo" de un mes del que dispone.

Sobre la falta de entendimiento entre los negociadores españoles y los de Competencia, el ministro aseguró a FARO que a" nivel teórico, no hay discrepancias con Bruselas; luego, a nivel práctico, no hay correspondencia con lo aceptable".

Por su parte, Fernando Sobrino, director del despacho vigués Colón Abogados y experto en tax lease, asegura que "la falta de transparencia con la que se está llevando este tema hace que nadie, ni gente del sector ni los profesionales, conozcan en absoluto a día de hoy cual es el contenido concreto de la propuesta que el Gobierno de España ha realizado a Bruselas y, por lo tanto, solo puedan intuir, sin un mínimo rigor técnico, por donde van las supuestas preguntas que desde Europa hace acerca de lo que sería el nuevo tax lease".

Sobrino señala que la normativa anterior ya no ponía límites a la aplicación del régimen por el tamaño de las empresas participantes y que no sería muy lógico, dado que estamos hablando de la construcción de buques y por lo tanto de inversiones importantes, que ahora se limitara el régimen a empresas de reducida dimensión.

"De todos modos, sorprende la pregunta porque da a entender que la propuesta española pudiera contener algún tipo de limitación", afirma Sobrino.

Sobre la cuestión de que las Asociaciones de Interés Económico (AIE) puedan llevar a cabo actividades navieras, el artículo que regula el régimen fiscal de determinados contratos de arrendamientos financieros, exige que los activos allí referidos sean arrendados a terceros no vinculados con la agrupación de interés económico que lo afecte a su actividad.

Para Sobrino, "de acuerdo con esto, no parece un problema que las empresas participantes en la AIE sean navieras siempre y cuando los terceros a los que se arriendan los activos no estén vinculados".

Por último, sobre la cuestión de incluir a los inmuebles en el sistema de amortización acelerada, Sobrino considera que "pudiera venir por un intento del Gobierno de España de no circunscribir los beneficios fiscales a un determinado sector, en este caso el naval, para de este modo pasar con más facilidad los filtros de la normativa sobre la competencia. Sin duda, esto provocaría importantes cambios en la normativa fiscal de las inversiones y de ahí que se precise el estudio y posterior beneplácito de Hacienda antes de contestar afirmativamente a esta pregunta".

Por su parte, El conselleiro de Economía e Industria, Javier Guerra, afirmó que parte de las preguntas adicionales formuladas por la Comisión Europea respecto de la propuesta española alternativa al tax lease "no tienen apenas sentido" y han sido realizadas, a su juicio, "para aplazar la respuesta".

El conselleiro lamentó que "un día antes" de que se acabase el plazo de dos meses que la Unión Europea tenía para "dar su visto bueno" a la propuesta de tax lease formulada por el Gobierno central, el comisario europeo de la Competencia, Joaquín Almunia, haya trasladado "más preguntas".

Por ello, concluyó que la UE "no pone más que problemas" a la propuesta presentada en mayo por el Ejecutivo español con el objetivo de acabar con la paralización que afecta a los astilleros españoles desde que Holanda presentó en 2011 una denuncia contra el sistema español por vulnerar la normativa comunitaria de Competencia, lo que motivó la suspensión del tax lease.

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