Belén Sánchez Ramos*: “Estamos ante un problema global, que afecta a la Comunidad Internacional en su conjunto”
FARO DE VIGO, 02 Ago. Belén Sánchez Ramos* (Vigo).- Pues bien, una de las zonas más "sensibles" –aunque no la única– en relación a estos actos de piratería y robo a mano armada es el Océano Indico-Golfo de Adén, donde prácticamente a diario, se comunican tentativas de ataque o ataques -que en no pocas ocasiones derivan en largos secuestros, como por ejemplo, el buque Playa de Bakio, que todos recordamos- con consecuencias nefastas para la seguridad de las rutas marítimas comerciales y la navegación internacional, la vida humana o el medio ambiente marino.
Por tanto, estamos ante un problema global, que afecta a la Comunidad Internacional en su conjunto, y, por tanto, no sólo a los ribereños de la zona. De ahí que la cooperación se convierta en un instrumento clave para la disuasión, prevención y represión de los actos de piratería y robo a mano armada en la zona, articulándose ésta desde una doble dimensión: ? La necesaria cooperación regional entre los Estados de zona mediante la adopción, a instancias de la Organización Marítima Internacional del Código de Conducta de Djibouti, para la represión de la piratería y robo a mano armada contra buques en el Océano Índico Occidental y el Golfo de Adén, que se perfila como una pieza fundamental para el desarrollo de la capacidad de los países de la región para la lucha contra la piratería y el robo a mano armada. ? La cooperación a nivel multilateral que se ha desplegado al amparo del Consejo de Seguridad, gracias a la adopción, el 2 de junio de 2008, de la Resolución 1816 –a la que ha seguido una auténtica cascada de Resoluciones sobre esta cuestión- donde se establecieron importantísimas excepciones a la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar autorizando a entrar en las aguas territoriales de Somalia –espacios que, en principio, se encuentran bajo la soberanía del Estado ribereño– con el fin de reprimir actos de piratería y robo a mano armada en el mar.
Esa autorización, dirigida tanto a los Estados como a las Organizaciones Internacionales alberga, sin embargo, una importante limitación en la medida en la sólo podrán acceder a dicho espacio aquellos Estados u OI que hayan obtenido previamente la autorización del Gobierno Federal de Transición (GFT).
Es en este último nivel de cooperación donde debemos situar la acción de la Unión Europea, que, a finales de 2008, puso en marcha la primera operación naval en su historia, conocida como Operación Atalanta, pensada, en principio, para un período de un año, y prorrogada recientemente hasta finales del año 2014. En la Operación Atalanta podemos identificar dos fases: la primera desde noviembre de 2008 hasta marzo de 2012 y la segunda a partir del 24 de marzo de 2012. Ambas fases comparten objetivos, si bien, difieren en cuanto a su ámbito geográfico.
En cuanto a los objetivos o misión, ésta se circunscribe a la protección de los buques del Programa Mundial de Alimentos que suministran ayuda alimentaria en Somalia; a la protección de buques vulnerables que naveguen por la zona (mercantes, pesqueros o de recreo), así como la disuasión, prevención y represión de los actos de piratería y robo a mano armada de acuerdo con lo establecido por las diferentes Resoluciones del Consejo de Seguridad.
Asimismo, la acción de la UE también pone el acento sobre un aspecto fundamental, y entendemos que imprescindible, para contribuir a la lucha contra la piratería como es la captura de los presuntos piratas así como su posterior enjuiciamiento, con la finalidad fundamental de evitar la impunidad de aquellos que cometen estos delitos. Aquí se plantean importantes problemas de índole jurídica que simplemente apuntamos como si los países de la zona están capacitados para ello, si sus cárceles tienen capacidad de acogida siguiendo y respetando los estándares del respeto a los Derechos Humanos o, incluso, la posibilidad de crear un tribunal internacional especializado contra la piratería.
En cuanto a su ámbito geográfico, si bien en la primera fase se desarrollaba en un área hasta las 500 millas marinas frente a las costas de Somalia, es decir, el Sur del Mar Rojo, el Golfo de Adén y una parte del Océano Índico que comprende también las Seychelles –lo que supone una extensión de 4.000.000 kilómetros cuadrados, es decir, más o menos siete veces la extensión de nuestro país–, en la segunda fase se extiende a las aguas interiores somalíes así como al territorio costero lo que implica que Atalanta puede desplegar su acción incluso más allá del espacio marítimo bajo soberanía del ribereño.
Esta ampliación del radio de acción de se debe, principalmente, tanto a la imposibilidad del GFT de mantener el control sobre su territorio como a la especialización de los piratas, lo que ha puesto de manifiesto la necesidad de luchar contra la piratería no sólo en el mar, sino también en tierra para minimizar los efectos de dicha especialización. El día 15 de abril se produjo el primer ataque selectivo calificado por la Alta Representante de la UE con un como un auténtico éxito. Estamos, por tanto, ante el inicio de una serie de "operaciones quirúrgicas" que persiguen un objetivo esencial: limitar la capacidad de actuación de los piratas.
Como decíamos al inicio, la lucha contra la piratería y el robo a mano armada es un problema que no sólo despliega sus efectos sobre los Estados ribereños sino también sobre la Comunidad Internacional en su conjunto con consecuencias negativas para la seguridad marítima y para la economía tanto de los propios ribereños –que a veces ven disminuir el número de buques que atrancan en su puertos–, los armadores –por el aumento del coste de las primas de seguro como consecuencia de su tránsito por zonas de riesgo o el coste que implica embarcar personal de seguridad privada– o Estados de abanderamiento –se estima que durante el año 2011 los piratas somalíes recibieron más de 160 millones de dólares por el pago de 31 rescates–.
Lo cierto es que, en esta ocasión, la Comunidad Internacional –siempre en el ojo del huracán– está actuando coordinadamente en la lucha contra la piratería y el robo a mano frente a las costas de Somalia, si bien el Consejo de Seguridad ha apuntado que sólo una estrategia integral a todos sus problemas –políticos, económicos, humanitarios y de seguridad– podría contribuir sino a una desaparición sí, al menos, a una importante reducción del número de ataques o tentativas de ataques. Lo cierto es que, a pesar de que en estos momentos, según datos de la OMI, los piratas tienen retenidos a 291 rehenes de 16 buques, sin embargo, los ataques exitosos disminuyeron el año pasado (55 en 2010 a 33 en 2011), si bien siguieron creciendo las tentativas de ataque (de 174 en 2010 a 287 en 2011). Tampoco debemos olvidar que el problema de la piratería y el robo a mano armada no es exclusivo de la costa Somalia. Sin salir del continente africano, también los vecinos del ala oeste de Somalia, en el Golfo de Guinea, están sufriendo los efectos de la piratería en la región. La piratería y el robo a mano armada se convierten así, en un reto más para la Comunidad Internacional al que, en este caso sí está intentando responder con una acción coordinada.
*Profesora Contratada Doctora. Área Derecho Internacional Público. Universidad de Vigo
