El 29 de junio del año pasado, la Comisión Europea (CE) comunicaba por carta al Gobierno que suspendía el tax lease, el sistema de bonificaciones fiscales que utilizaban astilleros, armadoras y bancos para contratar, a raíz de una denuncia presentada por Holanda a la que se adhirieron otros países europeos. La decisión de Bruselas paralizó la contratación de grandes buques en España. Un año después, los astilleros confían en el anuncio del Gobierno de que en agosto habrá una resolución favorable de Bruselas para un nuevo sistema que les permita volver a contratar.

 Los astilleros vigueses confían en disponer del nuevo sistema de bonificaciones en agosto tras doce meses de sequía contractual 

FARO DE VIGO, 29 Jun. (Vigo).- Hace un año se hizo oficial, pero todo el mundo en el sector naval sabía con meses de antelación lo que se le venía encima. La suspensión del tax lease, el sistema de bonificaciones fiscales empleado por los agentes del naval y que permitía rebajas de precios de hasta el 30% por buque, cayó como un mazazo del que escaparon las empresas mejor gestionadas y las especializadas en barcos a los que no se le podía aplicar tax lease (pesqueros, remolcadores, etc.). En todo ese tiempo, solo dos astilleros vigueses, Cardama y Armón, han sido capaces de incrementar su cartera de pedidos en la Ría.

La decisión de Bruselas de suspender el tax lease se tomó tras una denuncia de Holanda a la que se sumaron otros países como Alemania y Noruega. El bloqueo colocó a los astilleros españoles en una situación de desigualdad frente a sus homólogos europeos, que sí disponen de fórmulas para rebajar el precio de los barcos. El Gobierno central, a petición del sector naval y las comunidades autónomas, abordó el problema desde una doble vertiente: por un lado, negociando la puesta en vigor de un nuevo sistema que permitiese a los astilleros contratar, y por otro, defendiendo la legalidad del anterior tax lease, sobre los principios de "buena fe y confianza legítima".

El problema fueron los plazos. Tanto el anterior Gobierno como el actual tardaron demasiado en tomar decisiones para solventar el problema, lo que colocó a los astilleros y a la industria auxiliar contra las cuerdas. Hubo que esperar hasta el pasado 22 de mayo para que el Ejecutivo enviase a Bruselas su propuesta formal para adoptar un nuevo sistema de bonificaciones fiscales, inspirado en el modelo francés, genérico y válido para otros sectores industriales (aunque con limitaciones) y que ofrece rentabilidades de hasta un 20%.

Antes de esta propuesta formal, el Gobierno llegó a enviar hasta cinco documentos a la Dirección General de la Competencia de la CE, que dirige el comisario español Joaquín Almunia, y que no contarían con el beneplácito de Bruselas. Con esta última propuesta (no vinculante) se abriría una nueva etapa para el sector, según declaró esta misma semana el secretario general de Industria y Pyme, Luis Valero, ante los astilleros que forman parte de Pymar.

Valero se mostró convencido de que en agosto la Comisión dará el plácet a la nueva propuesta española, lo que permitirá abrir la ventanilla del tax lease en Tributos, al tiempo que descartó que Bruselas pueda exigir la devolución de las anteriores ayudas a los agentes del naval (astilleros, armadores y estructuradores financieros, es decir, bancos). Esta posibilidad supondría la práctica desaparición del sector naval en España, ya que el tax lease comenzó a aplicarse en 2002 y la supuesta ayuda ilegal ascendería a miles de millones.

Desde la suspensión del tax lease, los astilleros españoles lograron contratar 29 buques, de los cuales 5 recayeron en la ría de Vigo. Cardama, con tres remolcadores multipropósito para Angola, y Armón, con dos ancleros de plataformas petrolíferos para la firma holandesa Heerema, fueron los astilleros que lograron contratar sin tax lease hasta ahora. En el resto de comunidades, Armón se lleva la palma en Asturias, con 21 buques (los dos últimos, atuneros para Albacora).

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