El fracaso en las negociaciones que mantiene el Gobierno español con la dirección general de Competencia de la Unión Europea (UE) —controlada por el comisario español Joaquín Almunia— para tratar de resolver las exenciones fiscales a los armadores que adquieran barcos en los astilleros españoles, bloqueadas desde el pasado mes de julio de 2011 por decisión de Bruselas, aboca a las empresas del sector al hundimiento de su actividad y a los 40.000 trabajadores directos e indirectos a un futuro cada vez más incierto. Así lo considera la patronal de pequeños y medianos astilleros Pymar tras las reuniones mantenidas esta semana con representantes de los astilleros y conocer que la Comisión Europea mantiene el bloqueo del denominado tax lease.
El bloqueo de la UE a las bonificaciones paraliza la construcción de barcos y peligran 40.000 empleos
LEVANTE, 30 Abr. (Valencia).- Este sistema de bonificación fiscal del 20 % del valor de construcción del buque (que se elevaba hasta el 30 % hasta hace dos años) ha permitido botar casi 300 barcos en la última década en España, es decir una cifra de negocio próxima a los 10.000 millones de euros.
Sin embargo, la decisión de la Unión Europea de poner en revisión este sistema fiscal aplicado en España —mientras Holanda y Francia mantienen uno parecido— deja en dique seco a los astilleros españoles. En todo 2011 tan sólo han recibido siete pedidos (Astilleros Armon, Gondan y F. Cardama), mientras que la gran mayoría de los complejos industriales —incluido Unión Naval Valencia (Grupo Boluda)— se encuentran sin nueva carga de trabajo.
La insostenible» situación del sector, según la patronal Pymar, ha llevado a esta organización de empresarios a reclamar al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a tomar cartas en el asunto de cara a resolver el bloqueo mantenido por Bruselas. En ese sentido, Pymar lamenta que el encuentro entre Almunia y el ministro de Industria, José Manuel Soria, no haya servido para nada y deja al sector naval español al borde del «colapso». Las negociaciones entre técnicos del Ministerio de Industria y Hacienda con dirigentes de la dirección general de Competencia continúan sin ofrecer avances, con lo que los astilleros españoles descartan incrementar su actividad en los próximos meses mientras no se resuelva el sistema de bonificaciones fiscales, que podría ser declarado ilegal tras las denuncias que planteó Holanda a la Unión Europea. Fuentes sindicales de los astilleros también han mostrado su preocupación ante una cartera de pedidos inexistente desde hace un año, por lo que peligran puestos de trabajo en las empresas.
Sin pedidos
La Comunitat Valenciana —al margen de los pequeños astilleros de embarcaciones deportivas— alberga las instalaciones del grupo Boluda en el recinto portuario del Grao, que concluyeron 2011 con una carga de trabajo de cinco remolcadores —recientemente acaba de botar un barco— para Marítima del Saler y otros cuatro para la Autoridad Portuaria de Amberes (Bélgica). Con todo, a lo largo de 2011 no ha entrado ningún pedido nuevo y este complejo industrial prevé concluir estos barcos a finales de este año o principios de 2013. La dirección de Unión Naval Valencia decidió adelantar las vacaciones de los empleados durante el verano pasado como consecuencia de la caída de la actividad, una situación que comienza a encender la alarma roja en el astillero valenciano.
