España se arriesgaba a una segunda sentencia comunitaria de 134.000 euros diarios, que se ahorrará finalmente, aunque sí tendrá que pagar la primera multa de más de 24 millones de euros.
“En última instancia, corresponde al Tribunal decidir los tiempos. Pero en lo que concierne a la Comisión, informaremos al TJUE de que esta reforma cumple con la sentencia. Así que hay una posibilidad de que congelemos la situación y que no haya una nueva sentencia”, declaró el portavoz comunitario Enrico Brivio.
Los estibadores sostienen que la nueva normativa, con la que España cumple al fin con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictada a finales de 2014, supone el fin del empleo estable en el sector. Una postura cercana a la que sostenía el propio Gobierno hace algo más de dos años, cuando pretendía evitar la condena de los tribunales europeos.
De hecho, la línea argumental empleada por la Abogacía del Estado en el proceso por el que el tribunal europeo condenó a España por la estiba se basó en que el sistema vigente hasta ahora, que suponía en la práctica un monopolio, era fundamental para proteger a los trabajadores.
Fuente: Puertos y Navieras
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