Una imposición a la que de inmediato respondieron los estibadores con un preaviso de huelga que hizo temblar a toda la industria. No es para menos: los puertos son la puerta de entrada del 86 % de las importaciones y de salida del 60 % de las exportaciones. Según datos de la patronal de la estiba, por los puertos transitan mercancías por valor de más de 375.000 millones de euros, el 35 % del PIB español. Y un 60 % de esas cargas, alrededor de 300 millones de toneladas, requieren servicios de estiba y desestiba. Finalmente, Gobierno, patronal y sindicatos de la estiba se han dado una semana para ver si llega a un acuerdo sobre la liberalización.
La polémica está servida. Y las opiniones, divididas entre los que acusan a los estibadores de ser unos privilegiados con salarios desorbitados y vivir en un reducto de nepotismo, machista para más inri, y los que ven un intento de recortar los derechos laborales de un colectivo profesional sometido a peligrosidad y penosidad.
¿En qué consiste el trabajo de un estibador?
Se ocupan de la carga y descarga de los barcos, así como de las labores de estiba y desestiba. Trabajan a turnos las 24 horas del día, 7 días por semana, en todo tipo de situaciones meteorológicas. Pueden ser llamados a cualquier hora y su cometido es prestar el servicio lo más rápido posible. En España hay 6.100 estibadores (unos 200 en Galicia) que son contratados por las sociedades anónimas de gestión de trabajadores portuario (Sagep), entidades que en cada puerto que se encargan de determinar el número de empleados que se necesitan para descargar una embarcación y las horas que se precisan. Todas las empresas que presten servicios de estiba en un puerto participan en el capital de Sagep. Actualmente, si una compañía quiere entrar a dar ese servicio, tiene que integrarse en la sociedad de ese puerto. Esa es una de las cuestiones contra las que ha fallado la Justicia europea.
¿Qué «privilegios» tiene ser estibador?
El primero que citan desde la patronal es el elevado salario. Según un estudio de PwC para la Plataforma de Inversores en Puertos Españoles (PIPE), el sueldo medio roza los 70.000 euros brutos al año. La pretensión de la patronal es reducirlos en un 60 % para dejarlo al nivel de un trabajador de la construcción, con unos 30.000 euros anuales. Pero lo cierto es que hay grandes diferencias entre puertos y categorías de trabajadores. Por convenio tienen un sueldo base (en Galicia está en el entorno de los mil euros al mes), que se complementan con los días trabajados, horas extras, productividad, nocturnidad… Según explican desde el colectivo de estibadores de Vigo, su salario está en línea con el de un trabajador cualificado, un médico o un enfermero, pero distan mucho de llegar a esos 70.000 euros. Otro reproche es que no dejan entrar a nadie ajeno al círculo y que, por eso, muchos tienen relación de parentesco. Que hay muchos padres e hijos de profesión estibadores es algo que admiten, pero que es una circunstancia que se dio cuando nadie quería trabajar en el puerto, y que todos han tenido que pasar un proceso de selección. Niegan, eso sí, que se cierre las puertas a trabajadores sin gancho familiar. Como también que no dejen entrar a mujeres: «Hay mujeres en la estiba y en los comités de empresa», asegura Ernesto Gómez, de CC. OO. Aclara que el único puerto en el que no se permite que las mujeres sean estibadoras es Algeciras.
¿Qué dice la sentencia de la Unión Europea?
El Tribunal de Justicia de la UE falló en diciembre del 2014 a favor de la Comisión Europea al considerar que el sistema español de prestación de servicios de estiba constituye «una restricción a la libertad de establecimiento» de las empresas. Señala que, al imponer a las sociedades de otros Estados miembros que quieran ofrecer servicios de estiba inscribirse en una Sagep y participar en su capital, está vulnerando el artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la UE. También cree contrario a derecho la imposición de la obligación de contratar con carácter prioritario a trabajadores puestos a disposición por dicha sociedad anónima.
¿Qué propone Fomento?
La anterior ministra de Fomento, Ana Pastor, dejó en manos de la patronal y los sindicatos la negociación para abrir el servicio a la competencia. Habían llegado a un acuerdo, pero no llegó a modificarse la ley porque el Gobierno estaba en funciones. Al tomar el relevo Íñigo de la Serna, este anunció a los sindicatos la inminente aprobación de un real decreto ley para dar cumplimiento a la sentencia y que, según explicó el secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar, da libertad a las empresas de formar parte o no de la Sagep, garantiza la libertad de contratación y cumple las exigencias de formación que se requieren para los trabajadores de la estiba, otorgando el certificado profesional a aquellos que acrediten cien jornadas de trabajo. También plantea la extinción de la Sagep en tres años. En ese período transitorio, las empresas tendrán que contratar al 75 % de los actuales trabajadores, al 50 % el segundo año y al 25 % el tercero. Y asegura «el pleno respaldo financiero de la Administración portuaria a las operaciones precisas para la nueva configuración del sector». Esto es, las indemnizaciones, porque como la modificación puede suponer «una alteración sustancial de las condiciones individuales de trabajo», se reconoce a los trabajadores el derecho a rescindir su contrato. En lugar de las Sagep habría empresas de trabajo temporal, centros portuarios de empleo o cualquier otra fórmula por negociar.
¿Qué dice los estibadores ante esa propuesta?
Que lo que plantea el Gobierno es, en la práctica, un expediente de extinción de empleo, que plantea el despido de la mayor parte de los 6.100 estibadores. Y a coste cero para las empresas, dado que serán las autoridades portuarias las que se tendrán que hacer cargo de indemnizarlos. Los sindicatos defienden la creación de un registro de trabajadores, algo a lo que se niega el Gobierno argumentando que no lo acepta la Comisión Europea. Pero los sindicatos acusan a Bruselas de querer legislar por encima de España y señalan que disponen de informes jurídicos que sustentan que el registro cumple el convenio de la OIT sobre trabajo portuario y el tratado de funcionamiento de la UE.
¿Cómo se ha resuelto la cuestión en otros países?
Ahí es donde algunos expertos meten el dedo en el ojo de la Comisión, al asegurar que está imponiendo una política a España cuando, en realidad, «no existe una política portuaria europea», explica Fernando González Laxe, director del Instituto de Estudios Marítimos y expresidente de Puertos del Estado. Bruselas no puede «imponer un criterio cuando no hay criterio». Hay varios modelos y el español se alinea con el de Francia, Italia y Portugal, de titularidad pública. Los franceses han optado por un período transitorio de liberalización por espacio de doce años. En Bélgica, los estibadores se integraron sin conflicto alguno. Y hay puertos, como el de Amberes, en el que se sigue un sistema como el que actualmente rige en España. Los expertos también apuntan a la división de la patronal. Hay empresarios de toda la vida, tipo Maerks, MSC o Boluda, que prefieren la paz social que ha generado una productividad elevada, y los que gestionan terminales ?tipo Noatum de JP Morgan y otros fondos de inversión? que tratan de reducir costes.
¿Por qué tiene tanta fuerza la estiba?
Porque paralizar los puertos cuesta 50 millones al día, según los cálculos de PIPE ?otros expertos aseguran que no es tanto?. Y porque, a diferencia de lo que ocurrió con los controladores, España tiene Ejército del Aire y aeropuertos militares, pero nadie se imagina a un guardia civil subido a una grúa portuaria.
Fuente: LA VOZ
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/maritima/2017/02/19/privilegio-estibador/0003_201702G19P33992.htm
