El Tribunal determina que el denominado sistema español de arrendamiento fiscal no constituía ayuda de estado, tal y como defendieron el Reino de España y Pymar desde un primer momento. Concretamente, el Tribunal considera que este sistema no tiene carácter selectivo, ya que todos los contribuyentes en España que desarrollaran una actividad económica e invirtieran en este tipo de operaciones podían resultar beneficiarios del sistema.
Como consecuencia de esta sentencia, quedará anulada igualmente la orden de recuperación de las supuestas ayudas concedidas a través del referido sistema, proceso que el Ministerio de Hacienda y Administración Públicas ya había iniciado por petición de los servicios de competencia de la Comisión Europea. La sentencia condena asimismo en costas a la Comisión.
La apertura del expediente de investigación se produjo en un duro contexto de crisis económica, bajo el mandato del entonces comisario de Competencia y vicepresidente de la Comisión Europea, Joaquín Almunia. Supuso la inmediata paralización de pedidos de nuevas construcciones en España y conllevó un drástico frenazo en la actividad para todo el sector, con unos efectos devastadores para la industria naval.
La competencia de los astilleros privados españoles, fundamentalmente los astilleros holandeses –artífices y firmantes de las denuncias que provocaron el inicio del procedimiento de investigación por parte de la Comisión- vieron incrementarse vertiginosamente su cartera de pedidos, alcanzando un nivel de contratación sin precedentes que en 2013 fue un 80% superior al de 2010. Este trasvase de pedidos que se produjo desde España a Holanda, se materializó especialmente en la cartera de buques offshore. Según información publicada por Clarksons, España pasó de contar con 27 unidades en cartera en 2010 a tan solo ocho en 2014, mientras que Holanda disparó su cartera entre esos mismo años, de siete en 2010 a 55 en 2014.
Almudena López del Pozo, consejera delegada de Pymar, ha expresado su satisfacción por la sentencia: “Ha quedado probado ante la justicia europea que todo lo que hicimos desde España con el antiguo sistema de tax lease era totalmente legal y ajustado a derecho”. Considera que el resultado obtenido es fruto de una “ejemplar estrategia de unidad y coordinación entre todos los agentes del sector en España y de un infatigable trabajo jurídico”. En este sentido, ha querido resaltar que “la sentencia favorable a España nunca se habría producido de no ser por la cohesión con la que se ha actuado frente a un tratamiento discriminatorio por parte de la Comisión y ante una sentencia arbitraria e injusta”.
López del Pozo recuerda que “los Ministerios de Industria, Energía y Turismo, junto con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, así como la Xunta de Galicia, el Principado de Asturias, el Gobierno Vasco, los grupos parlamentarios europeos, los sindicatos y Pymar, en representación de los astilleros privados, se trasladaron juntos a Bruselas hace ya dos años y medio para impedir una decisión errónea de la Comisión Europea. Ese es el espíritu que hoy nos ha permitido que se haga justicia”.
La máxima ejecutiva de los astilleros asegura que “Pymar estudiará todas las posibilidades legales para que se reparen los daños y perjuicios causados al sector naval privado español en términos de empleo, económicos y de reputación, que se ocasionaron al sector de los astilleros privados”. Manifiesta, que es hora de que se acabe el trato discriminatorio de la Comisión Europea al sector naval privado español. Asociaciones regionales del sector, Aclunaga y Foro Marítimo Vasco, presentaron hace más de dos años una denuncia contra el sistema de tax lease holandés. La Comisión Europea, a día de hoy, no ha abierto procedimiento.
