La preocupación reina en el sector desde la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que condenó a España porque las obligaciones que impone la Ley de Puertos a las estibadoras constituyen una restricción a la libertad de establecimiento, recogido en el artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la UE. Y esa preocupación se convirtió en amenaza de huelga la pasada semana, cuando se filtró el contenido del Real Decreto que Puertos del Estado presentó el lunes a la Comisión Europea.
Según dicho documento, Fomento liberalizará el modelo de estiba mediante la disolución de las Sociedades Anónimas de Gestión de Estibadores Portuarios (Sagep) y creará Centros Portuarios de Empleo (CPE). En año y medio, los estibadores podrán haber sido contratados por los CPE, por las empresas estibadoras o por otras empresas, y se regirán por la legislación laboral común y no por la especial, como hasta ahora. Los representantes de la estiba de Coordinadora decidieron suspender el preaviso de huelga hasta conocer el resultado de la reunión con la ministra de Fomento.
