Puertos del Estado espera alcanzar ese objetivo por medio de un proceso gradual marcado por la redacción de los pliegos de claúsulas que han de regular la contratación de los servicios de estiba, amarradores, remolcadores y prácticos.
No se prevé tarea sencilla introducir la competencia en unos campos tradicionalmente colonizados en régimen de monopolio, con la consecuencia de precios y tarifas considerados excesivos por las navieras que tocan los puertos españoles.
Por otra parte, los servicios portuarios a liberalizar presentan unas características muy diversas y complejas. No es lo mismo introducir la competencia entre empresas de amarradores o de remolcadores que romper el sistema español de estiba o liberalizar el servicio de practicaje.
En el caso de los amarradores, la experiencia de Barcelona, con la saludable irrupción de Mooring, ha supuesto una importante bajada de los precios vigentes con anterioridad. Tampoco sería difícil introducir la competencia en las empreas de remolcadores, aunque en este caso, las exigencias de capital y de gestión suponen un freno evidente.
El practicaje constituye en sí mismo un reto mayúsculo. Se trata de un servicio imprescindible para garantizar la seguridad del puerto y su buen funcionamiento. Si la competencia ha de afectar negativamente, siquiera en aspectos parciales, a la seguridad que garantizan los prácticos, resulta evidente que habrá que desestimarla y, en todo caso, sugieren en Puetos del Estado, regular mejor algunos aspectos del servicio.
La estiba, el servicio portuario más conflictivo, está por su parte a la espera de las resoluciones comunitarias sobre la liberalización, aunque en España hay algo parecido a un consenso sobre el modelo actual.
