El ente público Puertos del Estado tiene previsto de esta manera seguir los pasos de AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea) y congelar las tasas portuarias, toda vez que la reducción efectuada en 2014 ha dado resultados más que positivos, pese a la lógica disminución de beneficios provocada por estas rebajas. Así, para los presupuestos de 2015 la intención es congelarlas en un momento en el que los tráficos portuarios siguen creciendo, tal y como informó Expansión días atrás.
Y es que si bien las tasas portuarias no tienen la misma trascendencia que las aéreas por la diferencia más que sustancial en el número de llegadas, se trata de una decisión que, de concretarse, servirá para consolidar el espectacular aumento que está registrando este año el archipiélago en número de cruceros y pasajeros. En esta línea, los puertos de las Islas han registrado en lo que va de año un aumento del 9,4% en el número de cruceristas, y una temporada baja en la que se duplicaron las cifras respecto a 2013.
Al contrario de lo que sucede con AENA, que arrastra una deuda millonaria, la red de autoridades portuarias del Estado obtiene año tras año beneficios y el ministerio lo sabe, de ahí que esté optando por esta política de rebaja de tasas para no perder comba con otros destinos competidores. En el caso de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) sus ganancias rondan los 14 millones de euros cada año, razón por la que no parece descabellada esta política de congelación de tasas.
Esta no es la única novedad que tenía preparada el Gobierno en relación a los puertos de titularidad pública, de los que cinco se ubican en Baleares, concretamente en Palma, Alcúdia, Mahón, Ibiza y La Savina (Formentera). El Consejo de Ministros ha aprobado recientemente ampliar el plazo máximo de concesión de las instalaciones de los puertos desde los 35 años actuales hasta los 50, con el fin de generar inversiones y fomentar la creación de empleo en un periodo de diez años.
Con esta medida, el Ejecutivo busca “mejorar la competitividad” de los puertos y convertirlos en “motor de la actividad económica”, en palabras de la ministra de Fomento, Ana Pastor. Así, las infraestructuras dispondrán de “una prórroga extraordinaria” de quince años en los plazos de concesión de las instalaciones que tienen contratadas con operadores privados, de forma que se extenderán hasta los 50 años, al igual que ya sucede en otros países europeos.
Del mismo modo, las empresas concesionarias estarán obligadas a invertir en mejoras del puerto o de sus conexiones para lograr esta prórroga. También tendrán la alternativa de rebajar en “al menos” un 20% el precio que cobran a los usuarios que cobran las instalaciones portuarias que gestionan en concesión.
De esta manera, proyectos como la como la construcción de un hotel (algo previsto sin ir más lejos en el puerto de Palma) podrían beneficiarse de los nuevos plazos al ampliarse los periodos de amortización, de forma que a partir de ahora la inversión a realizar se mirara con otros ojos. Aquellos que creían que 35 años no eran suficientes para amortizar un proyecto -de la índole que sea- lo tendrán ahora más fácil para decidirse, ya que los plazos se amplían casi en un 50%.
Además, el nuevo decreto obliga a quienes tienen ya una concesión, a solicitar la ampliación, con los compromisos de inversión anteriormente mencionados. En definitiva, una normativa que coloca a los puertos españoles en una situación homologable a la que hay en el conjunto de la red portuaria europea, en la que en su mayoría las concesiones rondan los 50 años ahora establecidos por Fomento.
http://www.elmundo.es/baleares/2014/07/21/53ccd7a722601d2d548b4579.html
