La tesis de Lisboa acorta en 155 millas la zona económica del Archipiélago canario
LA PROVINCIA, 23 Sep. (Las Palmas).- Y aunque los primeros navegantes y conquistadores al parecer consideraban estos islotes pertenecientes al Archipiélago canario, fue Portugal quien dio primero los pasos necesarios para sumarlas a su territorio y a su soberanía. Sobre esa premisa, los litigios, aunque nunca graves, han ido apareciendo ocasionalmente, el último de ellos hace apenas unas semanas tras la decisión del actual presidente portugués, Aníbal Cavaco Silva, de hacer noche en una de estas plataformas rocosas, lo que ha provocado el envío de un escrito del Gobierno español a la ONU recordando sus posiciones al respecto. Canarias no quiere quedar fuera de las posibles negociaciones.
Se trata de tres pequeñas islas (Salvaje Grande, Salvaje Pequeña y Fora) y varios islotes más que en conjunto suman 2,7 kilómetros cuadrados de superficie, de terreno pedregoso y grandes acantilados cuya única riqueza conocida la constituye la biodiversidad marina de sus aguas y la existencia de hasta 50 especies endémicas en sus rocas y planicies.
Sin agua potable ni explotación de ningún tipo, fueron declaradas en 1971 Reserva Natural por la administración portuguesa y forman parte del Parque Natural de Madeira. Su población humana se reduce a un retén de unos pocos guardas forestales desplazados desde Madeira que realizan labores de vigilancia por turnos de tres semanas, y a un médico y ornitólogo que pasa allí varias temporadas al año en una casa construida en los años sesenta.
¿Cual es el fondo de la polémica hispanolusa sobre estas islas? No parece ser la soberanía sobre ellas, que claramente corresponde a Portugal, sino el derecho a la explotación de las aguas que las circundan. Y ello depende de si se considera que son islas habitadas y con actividad económica, o meros islotes improductivos. Portugal cree lo primero, y España, lo segundo.
El derecho marítimo internacional señala que el país que ejerce la soberanía sobre cualquier isla tiene derecho a explotar su mar territorial, es decir, las 12 primeras millas desde la costa. Y sólo si esa isla está habitada y tiene actividad económica ese derecho se extendería hasta las 200 millas, es decir, la franja de mar que constituye la llamada zona económica exclusiva (ZEE). Si se reconoce ese derecho a Portugal en torno a las Islas Salvajes, la propia zona económica exclusiva de Canarias se vería reducida ya que ambas chocarían. Lisboa pretende que la frontera marítima no se establezca desde Madeira, sino de las Salvajes, es decir, a mitad de camino entre estos islotes y Canarias, a casi 45 millas de cada archipiélago.
En ese caso, habría que establecer una mediana marítima equidistante entre ambos territorios, como la que está pendiente entre Canarias y Marruecos, y acortaría en 155 millas la zona económica canaria por el norte en toda esa área.
España considera que las Salvajes son islotes “incapaces de sostener una población y actividad económica” y que, por tanto, no actúan sobre el espacio marítimo al que el país tiene derecho a ejercer cualquier tipo de explotación. Esta tesis es defendida con firmeza por el abogado canario y especialista en la materia Felipe Baeza, que ya planteó el asunto en 1977 en su libro Canarias y las aguas archipielágicas. “Las Salvajes son un claro ejemplo de lo que en derecho marítimo internacional se consideran islotes, sin capacidad para sostener una ocupación humana ni una actividad económica estables y continuadas”, señala.
Baeza tilda de “disparate jurídico” la pretensión de Portugal de alargar su derecho de explotación de los recursos de esas aguas hasta las 200 millas y señala que “la presencia de un farero, de un retén de vigilancia o de un científico que observa el vuelo de las pardelas no convierte un islote en isla”. Señala que para otorgarle a un territorio de estos la categoría de isla debe estar poblado y que solo en ese caso se reconoce el derecho de gestión sobre las 200 millas marítimas en su entorno. “No es el caso de estos islotes, y lo que debe hacer Madrid es defender con firmeza su posición, cosa que no creo que esté haciendo”, asegura Baeza, quien concluye por todo ello que “la ZEE de Canarias va mucho más las islas Salvajes, que quedan englobadas en ese espacio marítimo en torno a Canarias sobre el que España tiene los derechos de explotación”.
Según Baeza, los pescadores canarios tienen por tanto todo el derecho a tirar sus redes en la zona si respetan las 12 millas de distancia de la costa.
Portugal alega sin embargo que estos islotes, que compró en 1971 a su propietario de entonces, el banquero portugués Luis de Rocha, siempre han estado sujetos a cierta explotación económica, que están habitados de facto por los guardias forestales que se desplazan allí para los servicios de vigilancia, y que tienen un potencial de futuro en el campo del turismo ecológico. Añade que lleva años luchando por salvaguardar el sistema medioambiental y que ha logrado un equilibrio, tras erradicar la sobrepoblación de cabras, conejos y ratones que tuvo en décadas pasadas. Se desconocen las riquezas que esconden sus fondos marinos, a 4.000 metros de profundidad, aunque se especula con la presencia de yacimientos de distintos metales.
Desde el Gobierno de Canarias se defiende la posición española, aunque exige al Ejecutivo de Madrid que le traslade toda la información sobre la situación de este conflicto diplomático y que le integre en las negociaciones que en su caso se establezcan con Portugal al respecto en el futuro.
El comisionado para el Desarrollo del Autogobierno y las Reformas Institucionales, Fernando Ríos, señala que “está claro que cuanto más amplia sea la zona marítima portuguesa, más pequeña será la canaria” y que por tanto las dudas sobre el límite de la ZEE de Portugal afectan al reconocimiento de las aguas archipielágicas canarias.
