El año pasado el 81,2% de los nuevos encargos se contrataron con astilleros de China, Japón y Corea del Sur
EL COMERCIO, 10 Jul. (Gijón).- Según la patronal de los astilleros privados Pymar, hay «numerosos casos» en los que los armadores han enviado a sus técnicos de compras a astilleros asiáticos para buscar alternativas a la construcción de barcos que estaban negociando hasta ahora en países europeos, incluida Holanda, que denunció el sistema español de bonificaciones fiscales.
Los armadores, según Pymar, temen que, tras «el golpe» anunciado al naval español, la Comisión Europea actúe contra otros países con el mismo criterio y, por tanto, sin bonificaciones fiscales a la construcción de barcos los principales beneficiarios serán los astilleros asiáticos. La patronal que preside el empresario asturiano Álvaro Platero considera que puede darse «la paradoja» de que los armadores y navieras internacionales, en su mayoría asentados en Europa, se vean forzados a comprar los barcos en Asia.
La situación es relevante si se analizan los últimos datos de construcción naval, que apuntan a que en 2012 el 81,2% de los nuevos encargos se contrató en astilleros de China, Corea de Sur y Japón. Los astilleros de la UE-27 lograron el 6,3% de los nuevos contratos en CGT, una cifra similar a la de 2011 (+0,2%). Los astilleros españoles consiguieron el 0,4% de los nuevos contratos (unas 108.000 CGT o toneladas brutas compensadas) correspondientes a 2 ferrys y 25 buques para distintos usos (remolcadores, apoyo logístico, suministro a plataformas, transporte de pescado vivo e investigación pesquera y oceanográfica).
La consejera delegada de Pymar, Almudena López del Pozo, sostiene que la Comisión Europea tiene «bastantes argumentos jurídicos» para aplicar la misma doctrina que en el caso francés, y se remite a las recientes palabras de Almunia en Madrid, cuando dijo que «en Europa todo se pacta».
«Estamos en la hora de que la política haga valer el derecho», recalca Del Pozo, quien considera que «solo por una evidente falta de voluntad» para la apreciación de los argumentos esgrimidos por España «no se puede permitir el cierre de un sector y que la excusa continúe siendo una cuestión jurídica».
Sentido común
López del Pozo apela a que el presidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso, asuma su responsabilidad, refrende el principio de seguridad jurídica y apoye a la industria europea porque «sin ella, no hay ninguna competencia». Y le invita a que haga «un ejercicio de responsabilidad» para que se impongan «el sentido común y el espíritu constructivo» que los países de la UE «esperan de sus instituciones».
Recuerda, asimismo, que de imponerse la tesis de Almunia implicará «el fin» del naval y la destrucción de 87.000 empleos, algo que intentará evitar el sector, respaldado por las administraciones central y autonómicas -entre ellas Asturias- y los sindicatos, en la reunión de este jueves con el comisario.
Pymar abunda en los argumentos de la confianza legítima y la seguridad jurídica con los que han actuado los astilleros españoles, armadores e inversores a lo largo del periodo en el que el anterior ‘tax lease’ estuvo vigente, entre 2002 y 2011. Sostiene que los astilleros no reclaman «el perdón» de Bruselas sino que se aprecien los argumentos jurídicos alegados; y también el mismo trato dispensado a otros países, como a Francia en 2006, cuando tras declarar incompatibles las ayudas al sector naval, eximió a los operadores de la devolución de los beneficios fiscales.
Según datos del Colegio y la Asociación de Ingenieros navales, desde 2009, año en que Holanda denunció el ‘tax lease’ español la cartera de pedidos no ha dejado de caer. Así, la cartera de pedidos pasó de 3.800 millones de dólares a 1.400 millones.
Por su parte, el ministro de Industria, Energía, y Turismo, José Manuel Soria, ha confiado en que el vicepresidente de la CE y comisario de Competencia, Joaquín Almunia, reconsidere la decisión de obligar a los astilleros españoles a devolver las ayudas del sistema ‘tax lease’.
En su opinión, los astilleros , armadores y financiadores han actuado en base al principio de «seguridad jurídica y confianza legítima». Por ello, constató una «inacción absoluta» de la CE desde que se puso en funcionamiento el sistema del ‘tax lease’ español, hasta que fue denunciado en 2011, y ha recordado que desde principios de este año está en vigor un nuevo sistema y que se adapta a la legislación comunitaria.
«La armonización fiscal directa no existe en la Unión Europea. El hecho de que existan beneficios tributarios distintos de un país a otro no significa que eso sean ayudas de Estado», ha insistido Soria, que, con este argumento, confía en que España no deba devolver las ayudas.
