El sector naval ha solicitado “urgentemente” la intervención del presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, con el fin de evitar las multas anunciadas por el llamado tax lease, el sistema de ayudas que recibió el sector naval entre 2005 y 2011 para financiar la construcción de buques. El llamamiento se produce tres días antes de la reunión convocada el jueves en Bruselas por el comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia, con el ministro de Industria, José Manuel Soria, el lehendakari Iñigo Urkullu y los presidentes de Asturias y Galicia.

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La patronal Pymar insta a Durao Barroso a que se “imponga la política” ante la anunciada multa de 3.000 millones de euros

DIARIO DEL NORTE, 08 Jul. (Bilbao).- Almunia, quien ha anunciado la resolución oficial para el próximo 17 de julio, no tiene intención de variar su anunciada decisión de imponer unas multas que podrían ascender a 3.000 millones y, de hecho, ha trasladado el borrador de su resolución al resto de comisarios europeos.

Almudena López del Pozo, la consejera delegada de Pymar (la patronal de los astilleros) opina que la CE se “encuentra en un una encrucijada”, ya que puede convertirse en el “adalid de una política de competencia que termine con la industria europea y dé oxígeno a la competencia desleal ejercida por los astilleros asiáticos. La Comisión tiene argumentos jurídicos sólidos y más que suficientes para aplicar la misma doctrina que en el caso francés. El comisario Almunia dijo en Madrid que en Europa todo se pacta. Es la hora de que la política haga valer el derecho”, ha subrayado en un comunicado.

La consejera delegada de Pymar ha advertido de que los armadores ya están contratando en el mercado asiático y han paralizado sus pedidos en toda Europa “ante el temor a una decisión de devolución de las ayudas por el tax lease español”. Ha agregado que incluso Holanda, cuyos astilleros denunciaron el caso de España, “está viendo cómo armadores con los que negociaban nuevos pedidos se están marchando a mercados que consideran más seguros jurídicamente”.

La patronal de los astilleros lleva insistiendo desde hace meses que la multa de la CE implicará “la muerte de todo el sector naval privado de España”, con 19 astilleros, de los que cinco están en Euskadi, y la pérdida de casi 87.000 empleos directos e indirectos.

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