La CIG dice que Bruselas le confirmó que hay una parte de ayudas ilegales que habrá que devolver
ATLANTICO DIARIO, 30 May. (Vigo).- La CIG anunció ayer en rueda de prensa que la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea le confirmó que ‘hay ayudas que son lícitas y otras que no y ahora están decidiendo qué porcentaje habrá que devolver’, explicó el secretario nacional del metal del sindicato, Xoan Bouzas. El sindicalista dijo, además, que el eurofuncionario les trasladó que corresponderá al Gobierno de España decidir a cuánto ascenderán las cantidades a devolver y quién tendrá que asumirlo, si los astilleros, los armadores, los inversores financieros que participaron en la operación o el propio Estado. ‘Dejaron entrever que los astilleros serían los menos perjudicados y que no tendrían que afrontar la devolución, pero no es una solución porque la incertidumbre creada es muy grave porque los armadores, si se ven involucrados, no volverán a contratar en la Ría de Vigo’, explicó Manuel Simón, el secretario comarcal del metal. ‘Ahora sólo queda presionar entre todos para que el impacto sea el menor posible porque en el fondo es una decisión política que va a tomar el comisario Almunia’, indicó.
RESOLUCIÓN ANTES DE VERANO
La CIG señala que Competencia confirmó también que ya cuenta con toda la información para tomar una decisión sobre este expediente abierto hace dos años y que la resolución será antes de verano. No obstante, su responsable indicó que los informes remitidos por el Gobierno español y por Pymar (Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión) eran ‘jurídicamente poco sólidos’ y que el expediente es ‘muy complicado’ porque ‘es mucho dinero y mucho empleo el que está en juego’ -se habla de unos 2.600 millones los recibidos en ese periodo como bonificaciones fiscales-.
La CIG entregó a la Dirección General de Competencia un informe sobre el impacto socioeconómico de la crisis del naval en la comarca de Vigo, que perdió en torno a 10.000 empleos en los dos últimos años, periodo que los astilleros no contrataron ningún barco por falta de tax lease.
Asimismo, los responsables sindicales lamentaron ‘la falta de diligencia’ de los Gobiernos centrales, antes del PSOE y ahora del PP, para poner sobre la mesa una alternativa y recordaron el ejemplo de Francia que, con el tax lease suspendido ‘logró aprobar un sistema alternativo en tres semanas y evitó la parálisis de la industria naval’, indicó César Rodríguez, portavoz del naval en la Ría.
Por su parte, CC OO también elaboró un informe socioeconómico sobre el naval que remitirá a los eurodiputados españoles con los que se reunirá la próxima semana en Bruselas. El documento destaca la crítica situación que viven los astilleros, especialmente en la Ría de Vigo, cuyas carteras de pedidos descendieron un 30% en los últimos años. El sindicato recuerda que en 2010 había 24 astilleros en España y hoy quedan 19. En Vigo cerró MCíes y presentaron concurso de acreedores los dos más grandes, Barreras y Vulcano. CC OO dice que se requiere una estrategia europea común para evitar ‘una dependencia industrial y tecnológica respecto de los países asiáticos’.
