El Ministerio afirma que Competencia ha exigido aclaraciones “varias veces” y que se le ha contestado
FARO DE VIGO, 10 May. (Madrid).- Las mismas fuentes precisaron que el departamento al frente del cual está Joaquín Almunia ha solicitado aclaraciones y documentación extra “varias veces” y que siempre se le ha contestado. El comisario trasladó el pasado 29 de abril a CC OO que España aún no había enviado “argumentos jurídicos convincentes” para tomar una decisión respecto a la posible devolución de las ayudas del tax lease, como avanzó ayer FARO. El sindicato emplazó a Almunia a “tomar ya” una decisión respecto al tax lease porque “el tiempo corre en contra” del sector naval.
Un portavoz del Ministerio señaló ayer que comprenden la presión a la que está sometido el naval por la indecisión de Bruselas respecto al expediente del tax lease. Si la Comisión decide exigir la devolución de las ayudas, que algunas fuentes cifran en más de 3.000 millones de euros por los contratos materializados entre 2002 y 2010, esto supondría prácticamente la desaparición de todo el sector, como ha alertado en varias ocasiones Pymar. Desde la suspensión del tax lease, seis astilleros españoles han desaparecido y tres están hoy en concurso de acreedores.
Sin embargo, desde Hacienda recuerdan que fueron necesarios quince meses de negociación para que Bruselas aprobase un nuevo sistema de bonificaciones fiscales, en vigor desde el pasado 1 de enero, que obligó a cambiar varias leyes. “Ahora queda la segunda parte”, apuntaron ayer fuentes del Ministerio, que constataron que la Comisión ha solicitado “varias veces” en los últimos meses información adicional y aclaraciones sobre los documentos enviados por el Gobierno español en defensa de la legalidad del primer tax lease. Ésta se basa en dos principios clave en Europa, la confianza legítima y la seguridad jurídica.
Las dudas respecto a la posibilidad de que Bruselas acabe por exigir la devolución de las bonificaciones fiscales se dispararon en las últimas semanas debido a las decisiones tomadas con Estaleiros Navais de Viana do Castelo en Portugal y el astillero griego Ellinika Nafpigeia. Al primero le exigen 180 millones de euros y al segundo, 310 millones, al entender la Comisión que recibieron ayudas ilegales de Estado. A esto se sumó la información aportada el pasado 29 de abril por Almunia al sindicato CC OO, al que aseguró que todavía no se había emitido el informe definitivo sobre el tax lease porque la Comisión se encuentra a la espera de recibir “argumentos jurídicos convincentes”.
La central urgió a Bruselas a dar una respuesta “ya”, teniendo en cuenta que “los armadores se niegan a apoyar proyectos en los astilleros españoles” hasta que no haya un pronunciamiento sobre las ayudas fiscales aplicadas desde 2001. El sindicato reclama “con urgencia” a las autoridades españolas y a las empresas que se pongan a trabajar para “buscar razones de peso y consistentes debajo de las piedras” para acabar de una vez “con las dudas”.
