El naval gallego confía en que Bruselas resuelva antes del próximo abril la investigación abierta en junio de 2011 contra el anterior sistema de bonificaciones fiscales conocido como tax lease, según señalaron a FARO fuentes del sector, que reconocieron que el Gobierno mantiene una compleja discusión jurídica con los técnicos de la Dirección General de la Competencia de la Unión Europea (UE) para evitar que Bruselas exija la devolución de las ayudas concedidas entre 2002 y 2010, lo que condenaría a la mayoría de astilleros al cierre.
Las empresas confían en que Competencia no obligue a devolver las ayudas recibidas
FARO DE VIGO, 30 Ene. (Vigo).- Las fechas que manejan las factorías navales adscritas a Pymar sitúan la resolución del anterior tax lease entre marzo y abril, aunque desde el departamento que dirige el comisario español Joaquín Almunia se insiste en que no existe un plazo concreto y que se comunicará la decisión cuando se produzca. "El caso sigue pendiente; en cuanto la Comisión tome una decisión, publicaremos un comunicado de prensa", indicó un portavoz.
Por norma, expedientes como el del tax lease suelen resolverse en 18 meses, plazo que precisamente se cumple este mes. El comisario Almunia había explicado a FARO el pasado noviembre que la negociación con las autoridades españolas era "compleja": "Estamos en una discusión jurídica compleja, en la que por parte de las administraciones españolas trata de argumentar, en base a una serie de principios, que no habría obligación de devolver las ayudas aunque hubiesen sido declaradas no compatibles (con las normas de competencia)", reconoció entonces.
Esos principios serían los de buena fe y confianza legítima, los mismos que esgrimió el Gobierno francés en 2006 cuando la Comisión declaró también ilegales sus ayudas al sector naval. La devolución de las ayudas sería una condena a muerte para la mayoría de astilleros españoles, ya que el anterior tax lease permitió un volumen de contrataciones de 7.800 millones de euros entre 2002 y 2010, afectando a un total de 273 buques.
La resolución favorable del expediente se antoja imprescindible para que la banca vuelva a confiar en el naval español y participe en las operaciones estructuradas a través del nuevo tax lease, que sí cuenta con el plácet de Bruselas y que entró en vigor este mes. Hasta el momento, ningún astillero ha logrado contratar con este nuevo sistema fiscal.
