Los representantes del Gobierno en Pymar explicarán hoy, en la cumbre del sector naval que tendrá lugar en Madrid, los plazos previstos para la entrada en vigor del nuevo sistema de bonificación fiscal para la construcción de buques, que pasa por la modificación del Impuesto sobre Sociedades.
En la reunión se abordarán las posibles soluciones al problema de la retroactividad de las ayudas del anterior sistema
FARO DE VIGO, 28 Nov. (Vigo).- Responsables de astilleros gallegos reconocieron a este periódico que es urgente conocer cuándo se podrá comenzar a utilizar el nuevo tax lease para poder contratar. “También necesitamos que se nos aclare el contenido de la nueva propuesta para ver si es viable y, sobre todo, si interesa a los armadores y a los estructuradores financieros”, señaló el directivo de un astillero vigués.
El Gobierno contempla la modificación del Impuesto sobre Sociedades, pieza clave para que todo el sistema de bonificación fiscal funcione, a través de una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado o a la Ley de Medidas Tributarias, que actualmente se debaten en el Senado. El ministerio de Hacienda pretende que el nuevo tax lease pueda entra en funcionamiento el próximo mes de enero.
Otro de los problemas del naval que se pondrán hoy sobre la mesa en la reunión de Pymar son las posibles soluciones que el Gobierno está estudiando para defender las ayudas concedidas con el tax lease desde su puesta en marcha en el año 2002 hasta su suspensión por parte de la Comisión Europea de la Competencia en junio del año pasado.
En el caso de que Competencia obligue a la devolución de las bonificaciones, los armadores, entidades financieras, estructuradores y astilleros tendrían que hacer frente a más de 2.600 millones. El presidente de Pymar y del astillero asturiano Gondán, Álvaro Platero, indica que “en estas circunstancias el 90% de los astilleros españoles tendría que cerrar. A eso habría que sumar las consecuencias para los inversores, los bancos, los armadores… Sería una debacle. En Pymar ni nos lo planteamos. Llevo un año y medio dejándome la piel para resolver este conflicto, porque si sale mal será la quiebra del sector en España; pero nosotros seguimos peleando y esperamos que en dos meses se solucione la tramitación legal”.
Otras fuentes del sector indican que el Ministerio de Hacienda está analizando este problema “de manera muy discreta” y que no ha trascendido las vías en las que está trabajando para buscarle una solución.
Según estas fuentes, a Bruselas le resulta insuficiente el argumento del principio de confianza legítima, esgrimido por el Gobierno y el sector para acceder a las bonificaciones fiscales. Este principio se utiliza como un mecanismo para armonizar y conciliar casos en los que la administración, en su condición de autoridad, por acción o por omisión, haya creado expectativas favorables a los administrados y de forma abrupta las elimine cuando ya se han utilizado.
“Habrá que buscar algún mecanismo a mayores para convencer a Bruselas que las bonificaciones que se estaban aplicando estaban dentro de la legalidad establecida en ese momento. Y aún llegado el caso de que Competencia falle que hay que devolver esos 2.600 millones, es necesario hacerle ver que el sector se vería abocado a su desaparición”, indican las fuentes consultadas.
Platero insiste en que el sector está intentando demostrar que “la seguridad jurídica y la confianza legítima nos amparan, porque nosotros trabajábamos con la legislación española vigente en aquel momento”.
