Empresarios, sindicatos y el Organismo Público Puertos del Estado decidieron ayer crear una comisión para ir a Bruselas para recabar información sobre el dictamen motivado que la Comisión Europea ha interpuesto a España por el modelo de contratación que imprime la Ley de Puertos y la obligación de participar en las Sociedades de Gestión de Estibadores Portuarios (SAGEP) para la provisión de trabajadores.
Empresas, sindicatos y Puertos del Estado viajarán a Bruselas en noviembre para conocer los límites del derecho de la UE y aplicar cambios a la Ley, si son necesarios
EUROPA SUR, 24 Oct. (Madrid).- La sede de Puertos del Estado en Madrid albergó la reunión que mantuvieron los sindicatos del sector -Coordinadora Estatal de Estibadores Portuarios, UGT y CCOO-, la Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques (Anesco) y Puertos. En dicho encuentro, decidieron que durante el mes de noviembre viajarán a Bruselas a recabar información y actuar en consecuencia a su vuelta, y modificar en lo que haga falta la Ley de Puertos, si es que hace falta.
Fuentes consultadas por este diario indicaron que las palabras "consenso" y "transparencia" fueron las más oídas durante el tiempo que duró el encuentro, en el que no llegó a discutirse nada a fondo, a la espera de la información que se recabe.
La opción de esperar al Tribunal de la Unión Europea (UE) quedó así descartada, ante el riesgo de que su fallo anule los artículos que considere contrarios al derecho de comunitario y el sector de la estiba se encuentre con un vacío legal.
La Comisión Europea (CE) dio a finales de septiembre un ultimátum a España para que liberalice el sector de la estiba mediante la fórmula de un dictamen motivado, la segunda etapa del proceso de infracción. En un comunicado, la CE denunciaba la obligación de las empresas estibadoras que operan en varios puertos a participar financieramente en el capital de las Sociedades Anónimas de Gestión de Estibadores Portuarios (SAGEP) que gestionan la provisión de trabajadores, impidiéndoles recurrir al mercado para contratar a su personal, a menos que la mano de obra propuesta por tal empresa privada sea inadecuada o insuficiente.
Además, en la misma información se daba un plazo de dos meses para que España garantice el pleno cumplimiento del Derecho de la UE. Si no, podría someter el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sindicatos, empresas y Administración formarán un frente común para informarse sobre los cambios necesarios.
