El esquema del nuevo tax lease que permitiría la vuelta a la contratación naval en los astilleros privados gallegos está pactado. La propuesta remitida por el Gobierno de España, con las aclaraciones pertinentes solicitadas por
La nueva herramienta fiscal no estaría plenamente operativa con todas las garantías legales hasta enero o febrero del 2013
Fuentes de Bruselas conocedoras de las negociaciones explican que el problema está en el anterior modelo de tax lease, expedientado en julio del 2011 por Competencia, a denuncia de un grupo de países europeos encabezados por Holanda, por supuesta vulneración del libre mercado.
«Aquí se está esperando a que el Gobierno de España resuelva el problema de la retroactividad de las bonificaciones que obtuvo con el anterior modelo, de lo contrario tendrá que devolver esos incentivos», explican las mismas fuentes.
Lo que Competencia pide al Gobierno de España es que dé encaje legal a las bonificaciones recibidas, que ascienden a un total de 8.700 millones de euros. «La vía para hacerlo está en manos del Ejecutivo, es una decisión política, tendrá que arbitrar una fórmula fiscal para que el apoyo a un sector no parezcan ayudas de Estado», aclaran técnicos de la negociación.
Las mismas fuentes aseguran que, aunque se produzca el anuncio de aprobación del nuevo tax lease en los próximos días, algo que podría ocurrir por presiones electoralistas, «tener un nuevo modelo sin tener solventado el anterior no servirá de nada, porque ningún banco va a estar dispuesto a participar en una operación, sabiendo que hay 8.700 millones sin encaje legal que igual hay que devolver», explican los técnicos.
Según las estimaciones de los expertos, en el mejor de los casos, con una respuesta ágil para buscar una solución definitiva a la retroactividad, la nueva herramienta fiscal no estaría plenamente operativa con todas las garantías legales hasta enero o febrero del 2013.
