El clúster español del sector pesquero, extractivo y productor (Clupesca) evalúa en unos 3.200 empleos destruidos el coste directo en Galicia que producirá la reforma de la política pesquera común (PPC) de la UE, que entrará en vigor el 1 de enero del 2013. Este no es el peor escenario, porque, según estos cálculos, la cifra podría subir hasta 3.20 personas, solo en el número de pescadores, si la opción elegida por la UE representa mayores restricciones de capturas. Según las mismas estimaciones, la pérdida de empleo directo en la Unión se situaría en una horquilla en torno a 20.000 y 32.000 tripulantes.
Xunta y empresas apuestan por conciliar posturas y presentar una propuesta ante la UE
La Voz de Galicia, 12 de enero (Vigo). Los armadores, que se reunieron ayer en Vigo con la conselleira de Medio Rural e de Mar, Rosa Quintana, proponen, frente a las conclusiones de la Comisión Europea (CE) que califican de «contradictorias», «costosas», «coercitivas» y «basadas en la prohibición», las siguientes alternativas, que se asemejan a las de la Xunta, y que esta presentará en la Cámara gallega la semana próxima:
Investigación
Sostenibilidad. Bruselas reconoce las dudas sobre el modelo de topes admisibles de capturas (TAC) y cuotas por los déficits de investigación sobre las pesquerías, pero se limita a endurecer estos parámetros. Los armadores, por contra, exigen mejorar los estudios y la información científica. «En el caso específico de España -añaden- es imprescindible acercar el Instituto Español de Oceanografía».
Descartes
Progresividad. Frente al objetivo de «descarte cero» que propone la Comisión, desde el sector gallego se plantea la toma de decisiones de gestión pesquera que propicien «una reducción progresiva y real de los descartes». La primera medida para conseguir este objetivo requiere, según los armadores, «modificar el rígido sistema actual de TAC y cuotas, que obliga al descarte cuando no se dispone de cuotas; es la única medida posible para reducir los descartes en las pesquerías multiespecíficas».
Mercado
Derechos transferibles. En contra de los compartimentos estancos que son ahora los países de la Unión en materia pesquera, la industria reclama la instauración, conforme al derecho originario de la UE (básicamente los Tratados fundacionales y sus posteriores implementaciones), del mercado único y común de la pesca, «facilitando la transferibilidad de las posibilidades de pesca entre empresas de diferentes Estados».
Los armadores proponen dar preferencia a la recuperación y mejora de las poblaciones de peces, a través de los planes de gestión de larga duración, frente al objetivo político del rendimiento máximo sostenible (RMS). Este último objetivo «debe ser alcanzado -arguyen los armadores- sin dañar el tejido social y económico de la pesca, lo que se producirá manteniendo la fecha del 2015, como sostiene la Comisión Europea».
Internacionalización
El Consejo de la UE ha reiterado que los acuerdos de pesca y las Organizaciones Regionales de Pesca (ORP) son una parte esencial de la PPC. Esta política, según la industria, ha de desarrollarse «con el objetivo prioritario de mantener y ampliar la pesca comunitaria en el exterior, bajo principios de sostenibilidad y responsabilidad».
Inversiones
La propuesta de la Comisión, según los armadores, ignora la existencia de la flota exterior, que debe ser reconocida por la nueva PPC.
