La Comisión Europea ha cerrado un procedimiento de infracción contra España motivado por una serie de disposiciones contenidas en la Ley española de contratos públicos (Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público, conocida como LCSP) y relativas a la modificación de dichos contratos tras su adjudicación, al haber sido la referida Ley sustancialmente modificada por una nueva norma, en concreto la Ley 2/2011, de Economía Sostenible (LES). que limita la facultad de las entidades adjudicadoras para modificar los contratos públicos tras su adjudicación y permite disipar así la inquietud que había dado lugar a la incoación del procedimiento de infracción. No obstante, la Comisión someterá el nuevo régimen a un minucioso examen y un estrecho seguimiento, a fin de comprobar su compatibilidad con las Directivas de contratación pública de la UE y con la jurisprudencia en materia de modificación de contratos públicos y obras complementarias.